Por Ximena Pérez Villamil
A cuatro días de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) revocara, el 20 de diciembre de 2024, la autorización para operar a Sartor Administradora General de Fondos (AGF), debutó la arista judicial. Con un reclamo de ilegalidad de la administradora y una orden de no innovar, primero denegada y luego concedida, pero de corta duración.
A estas alturas, se tramitan 14 querellas en contra de Sartor AGF, sus cinco socios -Pedro Pablo Larraín Mery, Alfredo Harz, Oscar Ebel, Rodrigo Bustamante y Miguel León- y sus cinco directores (Larraín, Harz, Ebel, Michael Clark y Mauro Valdés) por estafa, entrega de información falsa al mercado, administración desleal y negociación incompatible y las aristas derivadas de Azul Azul y el Factoring Emprender Capital.
Y como ocurre en los grandes escándalos financieros, donde se mezclan litigios civiles y penales, los abogados se convierten en los otros protagonistas. Hoy suman 41 entre los defensores de los accionistas y directores de Sartor AGF y los querellantes que representan a los afectados.
La causa sigue creciendo: las dos últimas querellas se presentaron el 25 y 27 de mayo pasados. Hay recursos ante la Corte de Apelaciones, la Suprema y el Tribunal Constitucional. Y un fiscal de rostro conocido: Juan Pablo Araya, uno de los que está a cargo también del caso Factop.
Defensores de los socios y directores
Antonio Rubilar (Albagli Zaliasnik): abogado de Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante, socios de Sartor, en los reclamos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones por las multas aplicadas por la CMF. La Comisión para el Mercado Financiero impuso una multa contra ambos directores por infringir la Ley Única de fondos y otros artículos de la ley 18.045 del Mercado de Valores. En la práctica la autoridad solicita una sanción de 80.000 UF para Larraín y 35.000 UF para Bustamante. En el recurso de 116 páginas, Larraín dice que la multa es “estandarizada y draconiana”
Jaime Winter y Jorge Cabrera (Winter Etcheberry): penalistas de Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante en las querellas presentadas en su contra
Catherine Lathrop (Lathrop Blanco Goldbaum): penalista en la defensa de Carlos Larraín Mery, exdirector de Sartor hasta el 29/12/21 y accionista de la sociedad Danke que, según la CMF, recibió créditos con platas de los aportantes.
Alejandro Espinoza e Ignacio Sotomayor (Espinoza & Heskia): penalistas de Oscar Ebel en su autodenuncia ante la Fiscalía Oriente presentada el 24/12/24. Y en el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones por la multa de la CMF que le impuso UF 22.500, además de la inhabilidad por 5 años para ser director o ejecutivo de entidades fiscalizadas por la comisión, y las querellas en su contra por la administradora general de fondos Toesca
Enrique Alcalde Rodríguez y Alberto Polette (Marinovic & Alcalde): abogados del socio Miguel León en el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones por la multa de la CMF, que le impuso una multa de UF10.000. Los abogados alegan que su cliente y su familia invirtieron en Sartor importantes recursos que difícilmente podrán recuperar
Davor Harasic: penalista de Miguel León.Harasic es ampliamente conocido en el foro, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en una época convulsa debido a las movilizaciones en la escuela. Además, defendió a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín en el caso Penta. Entre otras causas, fue abogado del CDE en el caso “Pinocheques” en los años 90 y del ex frentista Jorge Mateluna, indultado por el ex presidente Boric.
Andrés Fuchs y Nader Mufdi:: abogados de Alfredo Harz, socio de Sartor, en el recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones por la multa de la CMF. La entidad le impuso una multa de UF 75 mil UF.
Salvador Vial (Giroux Vial): penalista de Alfredo Harz Castro. Director de Sartor, multado con UF 75 mil y querellado por el fondo Toesca.
Gonzalo García Pino: abogado de Michael Clark Varela, director de Sartor, ex presidente de Azul Azul en el recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones por la multa de la CMF, que en su caso fue de UF 65 mil. Y también ante el Tribunal Constitucional en el segundo recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, ya que el primero fue rechazado, impugnando esta vez el artículo 97 de la Ley de Mercado de Valores que considera controlador a quien tenga el poder para decidir en la administración de una sociedad, aunque no sea dueño directo de las acciones.
Julio Pallavicini (Pallavicini & Asociados): abogado de Michael Clark en el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones y, posteriormente, en la Suprema en contra de la CMF por impugnar que su cliente haya comprado las acciones de Azul Azul que tenía Sartor en el FIP Tactical Sport, sin realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones. El 13/10/25 Pallavicini delegó poder en el abogado José Ramón Correa para actuar conjunta o separadamente. Y el 16/3/26 hizo lo mismo con Gonzalo García Pino
Bernardo Rosenberg (Rosenberg & Cia): penalista de Michael Clark, que lo representó en el escrito en el que relató el allanamiento a su cliente el día 4 de mayo y solicitó que el fiscal Juan Pablo Araya lo cite a declarar.
José Ramón Correa (EC Abogados): Se representó a sí mismo en un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, pidiendo declarar ilegal el allanamiento y la incautación de documentos y medios tecnológicos ordenado por el Ministerio Público, por no tener él la calidad de imputado. La Corte lo acogió, pero sin declarar ilegal el allanamiento al domicilio de su sociedad Romántico Viajero SpA el 4 de mayo. Correa, segundo mayor accionista de Azul Azul que financió la compra del 21,4% con un préstamo de un fondo ligado a Patrick Kiblisky, recurrió a la Suprema.
Gustavo Parraguez y Rodrigo Marín (Parraguez Marín del Río): abogados de Mauro Valdés, director de Sartor, en el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones por la multa de la CMF. Valdés, ex director ejecutivo de TVN, ,alega que él es uno de los afectados, ya que invirtió “una parte más que considerable de sus ahorros” en los fondos de Sartor, no era socio, no se benefició de préstamo alguno ni formó parte del comité de crédito que aprobó las operaciones cuestionadas por la CMF. Valdés fue multado por UF 35 mil.
Trinidad Luengo Montt (Luengo Montt): penalista de Mauro Valdés en las querellas en su contra del fondo Toesca.
Rodrigo Piergentili (Kinast Piergentili Vial): abogado de Juan Carlos Jorquera, quien era el gerente general de Sartor AGF, en el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones por la multa de la CMF, que en su caso fue de UF 35 mil. Alega que el regulador le imputó hechos anteriores a su ingreso y no obtuvo beneficios económicos. También lo representa en las querellas en su contra.
Jaime Winter y Felipe Berríos (Winter Etcheberry): penalistas de Pedro Pablo Larraín en la querella contra el liquidador Ricardo Budinich, designado por la CMF para administrar temporalmente los fondos de Sartor e informar sobre su real situación, alegando un conflicto de interés con Credicorp Capital.
Eugenio Merino (Merino & Cia): penalista de Ricardo Budinich en la misma querella que se tramita en primera instancia.
Defensa de Sartor AGF y su matriz
Antonio Rubilar, Francisco Alarcón y Felipe Giovanazzi (Albagli Zaliasnik): abogados de Sartor AGF en el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en contra de la CMF por la decisión de revocar la autorización para operar de Sartor AGF. Solicitaron una orden de no innovar que el 3 de enero de 2025 fue rechazada, pero al insistir fue acogida el 9 de enero con los votos favorables de los ministros Antonio Ulloa (destituido) y Verónica Sabaj (destituida), obligando al liquidador Ricardo Budinich abstenerse de liquidar los fondos de la AGF y adoptar medidas restringidas para asegurar la estabilidad de la empresa. El 10 de febrero, la Corte de Apelaciones revocó dicha orden de no innovar, a solicitud del CDE.
Antonio Rubilar: abogado de Sartor AGF en los recursos ante la Corte Suprema en contra de la CMF por la suspensión de los aportes a los fondos de Sartor AGF y un “allanamiento de facto” a las oficinas de la administradora. Y en los reclamos de ilegalidad de Sartor AGF y de la matriz Asesorías e Inversiones Sartor ante la Corte de Apelaciones en contra de la CMF por haber aprobado el informe cierre de la gestión del liquidador Ricardo Budinich y ordenado traspasar 11 de sus fondos a la AGF Toesca, respectivamente.
Ignacio Ried (Quintana Ried Flores): abogado de BCI Corredora de Bolsa en la petición de quiebra de Asesorías e Inversiones Sartor, la matriz de Sartor AGF, por una deuda de $5.700 millones, la que fue concedida por el tribunal. Está pendiente retrotraer la venta que hizo Sartor de sus acciones de Azul Azul en el FIP Tactical Sport, a Michael Clark, que lo dejó como dueño del 63%, para así vender los papeles de la concesionaria y poder cobrar.
Ariela Agosín, Job Jorquera, Francisco Fuentes (Albagli Zalianik) y Luis Felipe Castañeda (Castañeda & Pino): defensores de Asesorías e Inversiones Sartor en el juicio por la solicitud de quiebra de BCI Corredores de Bolsa..
Querellantes de las víctimas
Juan Domingo Acosta (Acosta & Cía): penalista del holding financiero peruano Credicorp en la querella por administración desleal, negociación incompatible y entrega de información falsa en contra de todas aquellas personas vinculadas a la propiedad y a la administración de Sartor AGF. Dos de sus fondos en Perú invirtieron US$102,3 millones en dos fondos públicos de Sartor AGF, regulados por la CMF. Credicorp les compró todas sus cuotas a los 1.277 aportantes peruanos, por lo que no sufrieron perjuicios, pero se querelló en Chile acusando a la administradora de “sustraer US$45.032.013 desviándolos a tres sociedades relacionadas a esa administradora, sus directores, accionistas y/o gerentes”.
Jorge Bofill y César Ramos (Bofill y Ramos): penalistas de 33 aportantes en la querella por estafa, administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa a la CMF y manipulación del precio de un valor de oferta pública en contra de Sartor AGF, Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz, Rodrigo Bustamante, Michael Clark y Oscar Ebel. Por cuatro de estos delitos contra Miguel León y por tres en contra Mauro Valdés. Cuantifican en $127 mil millones los créditos otorgados a sociedades de exdirectores de Sartor AGF y de sus accionistas, vulnerando la ley que rige la administración de fondos y disponiendo “abusivamente” de los recursos de los aportantes. Por motivos personales 92 de los 125 aportantes de la primera querella -presentada en octubre de 2025- en contra de todos los que resulten responsables, se desistieron, quedando 33 que forman parte de la nueva querella nominativa, interpuesta el 27 de mayo pasado
Cristián Opazo Acevedo (Opazo & Cia): penalista de María Eugenia Delpiano Puelma, hermana de la exministra de defensa Adriana Delpiano, que invirtió $180 millones en la querella por estafa y apropiación indebida en contra de Sartor AGF, los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, el gerente general, Juan Carlos Jorquera, y Hugo Baranda.
Cristián Opazo representa a un grupo de personas perjudicadas por el fondo Capital Estructurado I de Larraín Vial, conocido como “Fondo Corneta” ligado al caso Factop.
Diego Abogabir (Abogabir Miranda): penalista de las familias Navarro González y Negrín Vyhmeister en la querella por estafa, negociación incompatible, administración desleal e invasión al giro bancario en contra de Sartor AGF, los socios Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz, Rodrigo Bustamante y Miguel León, además de Carlos Larraín Mery y Michael Clark y la matriz. Acusa que a algunos de sus clientes les ofrecieron bajo engaño un producto llamado “CAI”, con un retorno asegurado, mediante el cual transfirieron sus dineros desde los fondos públicos regulados por la CMF a la matriz de Sartor AGF, es decir, a los cinco socios, “sin límite alguno y sin la fiscalización de la CMF”.
José Ignacio Escobar (López Escobar del Río): penalista de 20 afectados, varios de ellos adultos mayores, en la querella por administración desleal, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado en contra de los cinco directores de Sartor AGF y los socios Rodrigo Bustamante y Miguel León. Acusa que los recursos de sus clientes terminaron beneficiando “a las mismas personas encargadas de administrarlos” y que para encubrir sus efectos Sartor “incrementó artificialmente la valorización de los fondos” en circunstancias que algunos sufrieron caídas de hasta 88,6% de su valor contable inicial.
Carlos Cortés (Cortés & Rodríguez): antes de fallecer presentó la primera querella de la AGF Toesca en contra de Sergio Yáñez (fundador del Factoring Emprender Capital), el directorio de Sartor AGF y algunos de sus socios por administración desleal, entrega de información falsa al mercado y negociación incompatible. Acusa que tres fondos públicos de Sartor AGF entregaron, en 2018, créditos por $25 mil millones al Factoring Emprender “sin garantías, simplemente contra la firma de un pagaré”, debido a las millonarias pérdidas que sufrió Emprender y que para ocultarlas se emitieron tres pagarés por $25 mil millones que repartieron en dos fondos públicos y un FIP de Sartor AGF, “como si se tratara de instrumentos reales, lo que constituye una operación típica de simulación y engaño”. Cuando la situación se volvió insostenible por ser pagarés incobrables, en 2023 se crearon tres sociedades inmobiliarias -Econsustable I, II y III- “que no tenían proyectos, ni ingresos, ni activos”, dando la impresión que se trataba de inversiones inmobiliarias verdes, pero cuya única función era recibir los pagarés incobrables.
Sergio Rodríguez Oro (Cortés & Rodríguez): penalista de la AGF Toesca en dos querellas posteriores. Una por negociación incompatible y administración desleal en contra de los cinco directores de Sartor AGF, sus socios y el gerente general por la fórmula mediante la cual el FIP Tactical Sport financió la compra del 63% de Azul Azul a Carlos Heller. Y otra (anterior) por dos operaciones que causaron perjuicios a los aportantes (inversión en un edificio de lujo en Miami y un préstamo por US$2 millones del Atlas Bank de Panamá, que quebró, y el depósito por el mismo monto que hizo un fondo de Sartor, se perdió).
Alejandro Laura Teitelboim (Yaconi, Laura, Miquel, Vásquez): abogado de seis accionistas minoritarios de Azul Azul en la querella por administración desleal en contra de Michael Clark y su sociedad Inversiones Antumalal. Acusa que de “manera subrepticia” se convirtió en el dueño del 63% de la concesionaria el 13 de diciembre de 2024 al comprar las cuotas de Sartor en el FIP Tactical Sport sin hacer una Oferta Pública de Adquisición de Acciones como dicta la ley y a menos de la mitad de su valor en bolsa. Y que durante su gestión como presidente, Azul Azul pagó, al menos, US$5 millones por la compra o arriendo de pases de jugadores, algunos de los cuales “carecerían de toda justificación económica”, al club Huachipato que, hasta fines de 2024, era controlado por Marcelo Pesce y Victoriano Cerda, a una de cuyas sociedades asesoró Redwood Capital, otra firma de Clark. Apunta además a un posible conflicto de interés, dado que por instrucciones de Clark Azul Azul invirtió $300 millones en Sartor, siendo él director de Sartor AGF y presidente de la concesionaria, según declaró Ignacio Asenjo, gerente general de la concesionaria.
Arista Emprender Capital
Andrés Balart (Barruel Borzutzky Balart): penalista de nueve inversionistas en una querella por estafa, apropiación indebida y negociación incompatible en contra de Carlos Larraín Mery, Danke, Pedro Pablo Larraín, Hugo Baranda, el Factoring Emprender y Sartor AGF. Acusa que sus clientes entregaron $2.400 millones, a cambio de un interés mensual, que dejaron de recibir en diciembre de 2024, percatándose que el factoring tenía un nuevo controlador – Carlos Larraín Mery, a través de Danke- que sus trabajadores habían sido despedidos y que Larraín, posteriormente, le vendió Danke a su gerente general, Hugo Baranda, en $1 millón. Y los $2.4o0 millones no fueron recuperados.
Jaime Winter y Jorge Cabrera (Winter Etcheberry): penalistas de Pedro Pablo Larraín en la querella por denuncia calumniosa en contra de los nueve inversionistas por presentar una acción judicial sin fundamentos, imputarle delitos que no cometió y presentarse como inversionistas cuando eran prestamistas del Factoring Emprender.
Susana Borzutzky y Felipe Barruel (Barruel Borzutzky Balart): penalistas de Gonzalo Echeverría de Peña, quien le prestó $600 millones al Factoring Emprender a cambio de un interés mensual en la querella por estafa, apropiación indebida y negociación incompatible en contra de Sartor AGF, Emprender, Carlos Larraín Mery, Danke, Pedro Pablo Larraín y Hugo Baranda.
Jaime Winter y Jorge Cabrera (Winter Etcheberry): penalistas de Pedro Pablo Larraín en la querella por denuncia calumniosa en contra de Gonzalo Echeverría de Peña.
Javier Cornejo (Javier Cornejo Abogados): penalista de los hermanos Sergio y Francisco Gómez Astete en la querella por estafa, administración desleal y contrato simulado que calcula en $3.273 millones el perjuicio patrimonial de sus clientes. Está dirigida en contra de su tío Sergio Yáñez Astete, su socio cuando comenzó a operar el Factoring Emprender y a quien le hicieron un millonario préstamo; de Carlos Larraín Mery, quien en 2022 se convirtió en el controlador del factoring, a través de Danke, y Hugo Baranda, que le compró Danke a Larraín.
