La contralora general de la República, Dorothy Pérez, salió al paso de las publicaciones que sugieren supuestas intervenciones del abogado Luis Hermosilla para favorecer su situación administrativa años atrás, cuando el entonces contralor Jorge Bermúdez, ordenó su destitución. Decisión a la cual apeló judicialmente. Mediante una columna escrita para El Mercurio, titulada “Pilares de la democracia”, la jefa del ente fiscalizador fue enfática en señalar que no mantiene ni ha tenido, ningún tipo de vínculo con el penalista hoy bajo investigación por soborno y delitos tributarios.
En el texto, Pérez sostiene que “no existe ninguna alusión a que yo hubiera pedido o conocido gestiones del abogado Hermosilla, a quien no conozco y jamás le he solicitado nada, ni directamente ni por terceros”. La autoridad reaccionó así a la divulgación de presuntas conversaciones de terceros que la mencionan, aclarando que no figura ningún mensaje de su autoría en los registros incautados por el Ministerio Público.
La controversia de 2018 y el respaldo judicial
El núcleo de la defensa de la contralora reside en la legalidad del proceso que, en 2018, la devolvió a sus funciones tras ser removida por el entonces contralor Jorge Bermúdez. Pérez recordó que en aquel momento “interpuse dicho recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pues la autoridad de la época me pidió la renuncia al cargo de subcontralora y jueza de Cuentas, desconociendo la inamovilidad legal, sin debido proceso, y vulnerando mis derechos”.
La contralora destacó que la justicia le dio la razón de forma inapelable: el tribunal de alzada acogió su recurso por 3 votos contra 0, decisión que luego la Corte Suprema “confirmó que la remoción era ilegal y vulneraba mis derechos” con un fallo unánime de 5 votos contra 0. Con estos antecedentes, Pérez desestimó las versiones que hablan de triunfos por un margen estrecho, recordando que la propia contraparte de la época reconoció una derrota judicial de 8-0.
Cuestionamientos al rigor periodístico
La columna de la contralora también dedica espacio a criticar la forma en que el medio Reportea presentó la información el pasado 4 de junio. Al respecto, señaló que “el pasado 4 de junio, el medio Reportea publicó supuestas conversaciones de terceros sobre dicho caso”, pero acusó que la publicación carece de pruebas y se basa en saltos temporales inexplicables que inducen a error a la ciudadanía.
Para Pérez, la difusión de estas sospechas sin sustento técnico tiene un impacto que trasciende su persona: “ello no solo daña mi honra, sino que daña a toda la institución”. En su reflexión final, la autoridad enfatizó que “uno de los pilares de nuestra democracia es la protección de los derechos fundamentales”, subrayando que, si bien la libertad de informar es esencial, esta exige un compromiso genuino con la verificación de los hechos para no afectar la confianza en las instituciones públicas.
