La trama de presuntas irregularidades al interior de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) sumó un nuevo y complejo capítulo en sede penal. El pasado miércoles 27 de mayo, el director nacional del organismo, Fernando Peña, concurrió hasta las dependencias del Ministerio Público para presentar una denuncia formal ante el jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción, Eugenio Campos. La acción busca que se investiguen presuntos delitos asociados a pagos multimillonarios por raciones alimenticias que, según la actual administración, nunca llegaron a los estudiantes.
El libelo se centra en la ejecución de la licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) adjudicada a la empresa Sociedad de Servicios de Alimentación S.A. (Soser S.A.). Si bien el contrato ya había sido objeto de cuestionamientos políticos en 2023, la actual autoridad sostiene que una auditoría interna permitió detectar “detalles nuevos” que elevarían el monto de la irregularidad desde los $3.500 millones inicialmente sospechados a una cifra cercana a los $14 mil millones de pesos.
La tesis de la “puerta giratoria”
Uno de los puntos más críticos de la denuncia apunta al rol de exfuncionarios que hoy se desempeñan como asesores de las firmas que anteriormente debían fiscalizar. El foco principal está sobre el exjefe de la Unidad Jurídica de la Junaeb, Alejandro Layseca, quien dejó la repartición en septiembre de 2022. Según lo expuesto por Peña en una entrevista con Radio Bío Bío, Layseca habría sido quien autorizó y facilitó las modificaciones contractuales que permitieron estos pagos, para luego aparecer, en 2025, como asesor legal de la misma empresa beneficiada.
Dichas modificaciones permitieron, entre otros aspectos, aumentar el porcentaje de pago garantizado por ración —del 40% al 60%— en un periodo donde la entrega de alimentos fluctuó debido a factores externos. No obstante, el antecedente más grave que maneja la fiscalía es el incremento injustificado en la programación de “onces” (meriendas) para Soser S.A., pasando de 785 mil a más de 1,7 millones de raciones, de las cuales no existiría constancia física de su entrega.
Antecedentes adicionales y coordinación judicial
La denuncia no solo involucra a Soser. El organismo también puso en conocimiento del fiscal Campos antecedentes relativos a Lorna Villalobos, exjefa de Departamento de Programas, a quien se vincula con la contratación vía trato directo de una consultora fundada por excolegas del Ministerio de Transportes y, posteriormente, con servicios prestados a otra firma proveedora de tecnología de la Junaeb.
Desde la perspectiva judicial, la carpeta con estos nuevos antecedentes ya fue derivada a la fiscal Constanza Encina, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, quien liderará las diligencias para determinar la existencia de fraude al fisco o corrupción. En paralelo, la institución ha remitido los mismos datos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Contraloría General de la República, organismo que mantiene un sumario administrativo vigente por estas mismas inconsistencias en el diseño de las licitaciones.
