Tras una extensa audiencia de formalización que se prolongó durante toda la jornada del domingo, el Juzgado de Garantía de Copiapó decretó la prisión preventiva para siete de los ocho excarabineros detenidos recientemente en la Región de Atacama. El tribunal consideró que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, otorgando además un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.
La indagatoria, liderada por el Sistema Regional de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Atacama, se centra en actuaciones irregulares cometidas por los exuniformados mientras pertenecían a la sección “Centauro” de la Prefectura de Atacama durante el año 2025,,. Un octavo exfuncionario, en tanto, quedó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Los cargos y la evidencia del Ministerio Público
Durante la instancia procesal, los fiscales de la Unidad SAC, Pedro Pablo Orellana y José Tomás Abarca, expusieron antecedentes relativos a tres procedimientos policiales específicos en los que se detectaron conductas ilícitas,,. Los delitos imputados formalmente corresponden a “obstrucción a la investigación, allanamientos ilegales y falsificación de documentos públicos”.
Adicionalmente, el Ministerio Público presentó un cuarto hecho que involucra a dos de los imputados, relacionado con la “tenencia de fuegos artificiales y microtráfico”,. Según informó la Fiscalía, los hechos fueron detectados gracias al trabajo conjunto entre la propia Unidad SAC y la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros, tanto a nivel central como regional.
Resguardo y cumplimiento de cautelares
Respecto al cumplimiento de la prisión preventiva, el juez de turno dispuso que será Gendarmería de Chile la encargada de determinar los recintos penales donde se concretará la medida, debiendo velar por el respectivo resguardo de los exfuncionarios.
La Fiscalía fundamentó la necesidad de la prisión preventiva no solo en la gravedad de los ilícitos, sino también con el “objetivo de asegurar el resto de las diligencias investigativas que se encuentran en desarrollo”. Con la resolución del tribunal, el proceso entra ahora en la fase de recopilación de pruebas definitivas bajo el plazo decretado por la magistratura.
