Una auditoría profunda de la Contraloría Regional de Antofagasta al Hospital Carlos Cisternas de Calama terminó con una de las resoluciones más severas del ente fiscalizador en materia de gestión de salud. El Informe N°673 de 2025 reveló que, durante los últimos dos años, el establecimiento efectuó gastos improcedentes por un total de $2.353.540.670, correspondientes a contrataciones que eludieron los controles legales y carecieron de evidencia de su ejecución real.
En la práctica, este reparo significa que el organismo fiscalizador inicia un proceso judicial ante su propio Tribunal de Cuentas con un objetivo único: “recuperar el monto pagado improcedentemente”. A diferencia de un sumario administrativo, que busca sanciones disciplinarias, el juicio de cuentas persigue que los funcionarios responsables ,o en su defecto las empresas involucradas, devuelvan el dinero al Fisco de su propio patrimonio si se determina que hubo negligencia o dolo en el daño al erario público.
Radiografía a los “pagos fantasmas”
El informe de Contraloría detalla una serie de irregularidades que permitieron el drenaje de fondos. Uno de los puntos más críticos fue la “elusión del trámite de toma de razón”, ya que el hospital celebró contratos por montos que obligaban a la validación previa de la Contraloría sin enviarlos para su aprobación.
Entre los gastos bajo la lupa destacan:
- Seguridad y Vigilancia: Pagos por $783.330.661 sin “documentación que acredite su realización, tales como contratos o asignación de personal correspondiente”.
- Servicios de Aseo: Desembolsos por $684.523.100 cuya ejecución “no pudo ser debidamente verificada”.
- Gastos Generales: Otros $393.919.521 con antecedentes que, según el ente fiscalizador, no permiten establecer la “procedencia y razonabilidad del gasto”.
Conflictos de interés y documentos adulterados
La investigación no solo detectó desorden contable, sino también indicios de irregularidades éticas y penales. La fiscalización identificó que el hospital adjudicó contratos por más de $550 millones a una empresa que presentó “documentación inválida o adulterada para acreditar experiencia” y que ni siquiera contaba con un giro comercial vigente para los servicios requeridos.
Lo más grave es la detección de un “conflicto de interés, vinculado a un funcionario del establecimiento que mantenía una relación personal directa con la representante legal de la empresa” beneficiada. Ante la gravedad de estos hallazgos, que incluyen debilidades estructurales en el control interno y falta de mecanismos para verificar la autenticidad de proveedores, la Contraloría derivó los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que inicien las acciones criminales y civiles pertinentes.
