El plan del Ejecutivo para aumentar la capacidad penitenciaria en la Región Metropolitana enfrentó este jueves un nuevo y complejo obstáculo administrativo. La Contraloría General de la República (CGR) decidió representar ,es decir, no tomar razón y devolver para correcciones, el decreto N°15 de 2025 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pieza jurídica clave que buscaba modificar el Plan Regulador Comunal de Santiago y el Metropolitano para dar luz verde a la ampliación de la cárcel Santiago 1. El organismo detectó una serie de deficiencias técnicas y de fundamentación que impiden, por ahora, que el proyecto siga su curso legal.
El nudo principal del reparo técnico reside en la falta de claridad sobre la naturaleza de la obra. En su oficio, la Contraloría planteó que los antecedentes presentados no permiten establecer fehacientemente si la construcción se proyecta sobre el mismo predio del actual penal o en un terreno distinto. Esta distinción es fundamental para la seguridad jurídica del proceso, ya que, de tratarse de un terreno colindante o ajeno, la iniciativa no podría calificarse como una simple “ampliación” y debería someterse a las exigencias más rigurosas que establece la Ley N°21.636 para la edificación de recintos penitenciarios nuevos.
Esta resolución administrativa llega en un momento de máxima tensión política y se suma al “freno de mano” judicial aplicado hace pocos días por el 17° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó suspender temporalmente todas las actuaciones vinculadas a la resolución que permitía avanzar con las faenas. Ambos hitos representan una victoria estratégica para el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien ha liderado la oposición al proyecto argumentando que cualquier aumento de plazas debe realizarse fuera del radio urbano consolidado. El jefe comunal incluso ha sostenido que Gendarmería posee terrenos disponibles en otras zonas de la capital, calificando la insistencia del Ministerio de Justicia en el sector de Pedro Montt como un “error garrafal”.
Además de la duda sobre el emplazamiento, la Contraloría cuestionó la falta de sustento para aumentar los coeficientes de constructibilidad en la zona y advirtió que el trámite no incluyó las inscripciones de dominio de los terrenos involucrados. Esta omisión, según el ente fiscalizador, dificulta la verificación de la legalidad de la iniciativa y el estudio de la situación de los inmuebles que se pretenden intervenir. Por ahora, el decreto fue remitido de vuelta al Minvu, cartera que, en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Gobierno Regional, deberá subsanar las observaciones si pretende reingresar el proyecto a trámite.
