La Contraloría General de la República (CGR) activó un severo mecanismo de control administrativo al apercibir formalmente a 15 alcaldes de diversas regiones del país. La medida responde a la omisión en la presentación de las actualizaciones obligatorias de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), un instrumento jurídico esencial para el resguardo de la probidad pública y la prevención de conflictos de interés en la administración del Estado.
El requerimiento fue despachado el pasado 27 de mayo mediante oficios dirigidos a cada una de las jefaturas edilicias involucradas. En estos documentos, el ente contralor fijó un término de 10 días hábiles para que los jefes comunales remitan la documentación exigida por la normativa vigente.
El marco legal y la escala de sanciones
El procedimiento se sustenta en las facultades de fiscalización de la CGR y en las disposiciones de la Ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública. Según lo establecido en dicho cuerpo legal, el incumplimiento del apercibimiento administrativo gatilla el inicio de expedientes sancionatorios que podrían derivar en consecuencias pecuniarias y políticas de alta complejidad.
En una primera instancia, los alcaldes se exponen a multas que oscilan entre las 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que en términos económicos representa montos de entre $357.530 y $3.575.300 aproximadamente. No obstante, el escenario más crítico para la estabilidad de los municipios radica en la sanción de destitución del cargo, la cual podría hacerse efectiva si la autoridad mantiene su condición de incumplimiento durante cuatro meses posteriores a la aplicación de la multa inicial.
Radiografía de los municipios afectados
La nómina de autoridades notificadas abarca comunas de norte a sur, incluyendo casos particulares como el del alcalde de Rinconada, Juan Galdames, quien actualmente se mantiene bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno en el marco de otras indagatorias.
La lista completa de las municipalidades cuyos alcaldes han sido apercibidos por la Contraloría es la siguiente:
- Zona Norte: Arica (Orlando Vargas) y Sierra Gorda (Adriana Rivera).
- Zona Centro: Rinconada (Juan Galdames), Santo Domingo (Fernando Rodríguez), Quintero (Rolando Silva) y San José de Maipo (Roberto Pérez).
- Zona Sur y Sur Austral: Lota (Jaime Vásquez), San Rosendo (Rabindranath Acuña), Alto Biobío (Félix Vita), Empedrado (Carlos Correa), Melipeuco (Alejandro Cuminao), Los Sauces (Víctor González), Toltén (Guillermo Martínez), Los Muermos (Emilio González) y Cabo de Hornos (Patricio Fernández).
Desde el ente fiscalizador recalcaron que estas acciones son parte de los procesos rutinarios de control para verificar que quienes ejercen funciones públicas mantengan la transparencia total sobre sus actividades económicas e intereses relevantes, tal como lo exige el estándar de probidad actual.
