La Fiscalía Metropolitana Centro Norte concretó un paso decisivo en la causa que involucra al excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao Gavilán. Mediante un escrito ingresado ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el ente persecutor formalizó la acusación en su contra, calificando los hechos como fraude electoral, delitos reiterados de falsificación de instrumento público y usurpación masiva de identidad.
La pretensión punitiva del organismo se divide en tres tramos: tres años de presidio por el fraude electoral, nueve años por la falsificación de documentos y tres años adicionales por la usurpación de identidad. En total, el Ministerio Público solicita 15 años de cárcel, bajo la tesis de que el imputado actuó como autor directo de ilícitos consumados.
El hallazgo de la Fiscalía: Firmas de un notario fallecido
La indagatoria del Ministerio Público se centra en los hechos ocurridos el 23 de agosto de 2021, cuando Ancalao acudió al Servicio Electoral (Servel) para inscribir su candidatura independiente. En esa instancia, presentó 35.297 patrocinios, de los cuales 23.135 resultaron ser falsos, según los peritajes del ente fiscalizador.
El sustento de la acusación radica en que los formularios presentados en formato físico contenían firmas y timbres atribuidos al exnotario Patricio Zaldívar Mackenna. Sin embargo, el trabajo de la fiscalía permitió establecer que el ministro de fe había dejado su cargo en 2018 y había fallecido en febrero de 2021, meses antes de que se validaran supuestamente los apoyos ante su presencia.
Para el Ministerio Público las planillas no contenían domicilios reales ni fueron completadas por las personas que figuraban como patrocinantes. La investigación determinó que los imputados habrían usurpado los datos personales de miles de ciudadanos para confeccionar estas listas de forma fraudulenta.
Concertación y próximos pasos procesales
La fiscalía sostiene que Ancalao no operó solo para cumplir con el requisito legal de apoyos ciudadanos. El escrito identifica a otros cinco acusados que se habrían concertado para estas acciones ilícitas: Nataly Vega, Denisse Olivares, Fabián Olivares, Max Bustamante y Gonzalo López. Respecto a este último, quien se encuentra prófugo, la indagatoria señala que habría recibido dinero para incorporar los timbres falsos en las planillas.
Tras el cierre de la investigación ocurrido el pasado 13 de mayo, la Fiscalía adelantó que su estrategia para el juicio oral incluirá la presentación de decenas de testigos. Entre los comparecientes se cuentan funcionarios del Servel, peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) y personas vinculadas al equipo de campaña del entonces precandidato.
