La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) dará este miércoles un paso definitivo en la judicialización de los hallazgos detectados por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal. A las 11:30 horas, el director nacional de la institución, Fernando Peña, junto a la jefa jurídica Catalina Poblete, sostendrán una audiencia con el director de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, con el fin de ingresar una denuncia formal por hechos que revestirían carácter de delito.
La ofensiva penal del organismo se sustenta en una revisión técnica que arrojó un perjuicio fiscal estimado en más de $14.000 millones de pesos. Según los antecedentes de la auditoría, las anomalías se concentran en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), donde se habrían verificado pagos por servicios de colaciones nunca prestados y la aplicación de sobreprecios en contratos con proveedores estratégicos.
El factor Soser y la escalada del monto
La denuncia actual expande una hebra que comenzó a investigarse en 2023, cuando se cuestionó el pago de $3.500 millones por una treintena de colaciones en la Región de O’Higgins a la empresa Soser. Si bien en mayo de 2024 se dictó un sobreseimiento definitivo en una arista específica de ese caso, la actual administración sostiene que nuevos hallazgos relativos al ejercicio 2023 permiten proyectar que el monto de los recursos “mal pagados” alcanza la cifra récord de $14 mil millones.
Desde la contraparte, la exdirectora del servicio, Camila Rubio, ha cuestionado la validez de la acción judicial, señalando que la Contraloría General de la República ya emitió informes de seguimiento en abril de 2026 que daban por “totalmente subsanadas” las observaciones. Para Rubio, los problemas detectados correspondieron a fallas en el diseño de las bases de licitación de 2020 y no a maniobras dolosas, calificando la denuncia ante el fiscal Campos como una “noticia antigua presentada como descubrimiento reciente”.
Red de fiscalización en otras reparticiones
La comparecencia de Junaeb ante la Fiscalía es solo el primer hito de una serie de revisiones ordenadas por el Ejecutivo. El Comité de Auditoría ha instruido procesos similares en el Servicio Nacional de la Mujer (Sernameg), la Subsecretaría de Transportes y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
En el caso de Transportes, la indagatoria se centra en la falta de cobro de multas y garantías, mientras que en la ANID se detectaron altos niveles de rendiciones de recursos pendientes. Por su parte, la ministra de la Mujer, Judith Marín, confirmó que ya remitió los antecedentes correspondientes a la Contraloría, estableciendo medidas de control preventivo en la transferencia de convenios para resguardar el patrimonio público.
