El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, resolvió este martes designar al fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, para encabezar la investigación penal relativa a las irregularidades detectadas en la gestión de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). La indagatoria se centrará específicamente en la sobreestimación de la producción de toneladas métricas de cobre que fueron reportadas oficialmente durante el ejercicio 2025.
La determinación se fundó en las atribuciones que le otorga el artículo 19 de la Ley N.º 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Según informó el organismo, la medida responde a la necesidad de dotar de una dirección especializada a la causa, tras las denuncias ingresadas por el diputado Jaime Mulet el pasado 14 de mayo y por la propia cúpula de Codelco el 22 del mismo mes.
Auditoría interna y montos involucrados
El origen de la arista judicial se sitúa en una auditoría interna de la minera estatal que arrojó una desviación de 26.875 toneladas métricas de cobre fino que figuraban como producidas, contraviniendo la normativa interna de la empresa. El desglose técnico de esta cifra identifica 20 mil toneladas correspondientes a óxidos de la división Chuquicamata y 6.875 toneladas de arsenito de calcio provenientes de la división Ministro Hales.
En el plano estrictamente administrativo con impacto legal, si bien la presidenta del Comité de Auditoría de Codelco, Tamara Agnic, descartó que la situación obligue a modificar los estados financieros de 2025, reconoció que los volúmenes inflados impactan directamente en el recálculo de incentivos variables. Esta corrección afecta a un universo de 6.322 trabajadores y ejecutivos de las divisiones mencionadas y de la Casa Matriz, involucrando un monto estimado de US$14,3 millones en bonos y asignaciones.
Perfil del fiscal y contexto institucional
La elección de Aquiles Cubillos para liderar el proceso no es casual, dado su conocimiento previo de la operatividad de la cuprífera. El persecutor de 53 años —quien fuera parte de la administración del segundo gobierno de Sebastián Piñera— ya lideró las investigaciones por el accidente fatal ocurrido en la mina El Teniente en julio de 2025.
Este nuevo flanco judicial se abre en medio de una profunda crisis de gobernanza en la estatal, marcada recientemente por la renuncia de su presidente, Máximo Pacheco. Mientras el oficialismo calificó la salida de Pacheco como “correcta”, sectores de la oposición han solicitado “altura de miras” para enfrentar las consecuencias de lo que califican como un escándalo por “producción inflada” que pone en tela de juicio la probidad en la entrega de reportes de cumplimiento de la principal empresa del país.
