El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió este martes declarar su incompetencia para seguir conociendo los antecedentes de la denominada arista regional del caso ProCultura. La decisión se tomó tras acoger un incidente promovido por las defensas de los imputados Alberto Larraín y María Constanza Gómez, quienes solicitaron el traslado de la causa hacia la Región Metropolitana argumentando razones de jurisdicción territorial.
El tribunal ordenó la remisión inmediata de todo el expediente al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Lo anterior, fundado en el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, al establecerse que el lugar donde se inició la ejecución de los hechos materia de la indagatoria se sitúa en la capital del país.
El factor de la firma en Las Condes
Durante la audiencia, que se inició el pasado lunes con una nueva formalización de cargos contra los líderes de la extinta ONG, la defensa de Larraín sostuvo que el principio de ejecución no se verificó en el norte, sino que comenzó con la suscripción de los convenios en la comuna de Las Condes.
En esa línea, se argumentó que Gómez habría utilizado su firma electrónica para sellar los contratos desde Santiago, lugar desde donde se habrían gestionado administrativamente todos los instrumentos que hoy son objeto de cuestionamiento judicial. Pese a que el Ministerio Público se opuso a la medida, el tribunal terminó por validar la tesis de los abogados particulares.
Apropiación indebida y montos en disputa
La investigación que ahora queda en manos de la justicia santiaguina apunta a la presunta comisión de seis delitos consumados de apropiación indebida en su modalidad de distracción. Estos hechos habrían afectado el patrimonio del Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta, así como de las reparticiones locales del Minvu y el Serviu.
Uno de los hitos centrales de la acusación es el convenio denominado “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, el cual contempló la transferencia de $629.815.000 desde el GORE —bajo la gestión del gobernador Ricardo Díaz— hacia la fundación de Larraín.
Con este vuelco jurisdiccional, será la magistratura capitalina la encargada de supervisar el avance de las indagatorias y determinar las eventuales medidas cautelares para los imputados, en un caso que sigue sumando aristas por el presunto uso irregular de fondos destinados a programas de habitabilidad y cultura.
