Por Claudio Fariña K.
El abogado Jaime Barrientos, representante de Constructora San Sebastián, realizó una dura crítica al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, por la forma en que el ministerio ha abordado el caso del conjunto habitacional El Olivar. En esta entrevista con En Estrado, Barrientos acusó al secretario de Estado de haber impulsado una decisión “ilegal”, sin respetar los procedimientos técnicos previos y sin contar, según dijo, con informes que recomienden la demolición de las viviendas.
La frase central de la entrevista es categórica: “No hay un solo informe que recomiende la demolición”, afirmó Barrientos, quien agregó que los antecedentes técnicos disponibles permitirían alternativas de reforzamiento o reparación, pero no justificarían una orden de demolición como decisión administrativa inmediata.
Esta afirmación contraviene lo que el Minvu consigna en una minuta ejecutiva sobre este caso, donde afirman que “cada orden de demolición se formaliza mediante informes técnicos fundados, que identifican específicamente las partidas afectadas sobre la base de inspecciones en terreno y antecedentes técnicos”
Sin embargo, para el abogado, la controversia no radica solo en la calidad de las viviendas, sino en el modo en que el ministro habría ejercido sus atribuciones. Barrientos sostuvo que la constructora “ejecutó exactamente lo que el propio Serviu aprobó” y que el proyecto contaba con certificado de calificación definitiva, permiso de edificación y aprobaciones sucesivas de los estados de pago.
El argumento técnico-procedimental de la defensa se estructura en varios puntos. En primer lugar, Barrientos afirma que la Entidad Patrocinante diseñó el proyecto, y el Serviu de Valparaíso lo aprobó. Además, la Dirección de Obras Municipales autorizó el permiso correspondiente y la constructora se limitó a ejecutar conforme a esos instrumentos. En su lectura, si hubiera problemas de diseño, estos deberían imputarse a quienes diseñaron y aprobaron el proyecto: solo si se demostrara que la empresa ejecutó algo distinto a lo aprobado, correspondería atribuirle responsabilidad directa a la constructora.
Paralelamente, Barrientos sostuvo que las observaciones detectadas durante la obra fueron propias de cualquier proyecto público o privado y que no constituyen, por sí mismas, incumplimiento constructivo. Como ejemplo, mencionó el cambio de ubicación de escaleras en alrededor de 60 viviendas, modificación que, según su versión, fue tramitada, aprobada y ejecutada conforme al procedimiento regular. Para el abogado, ese punto demostraría precisamente que la constructora no actuó fuera del proyecto, sino dentro del marco de modificaciones permitidas y visadas por la autoridad.
Por otra parte, el abogado señaló que hubo fiscalización permanente del Serviu. Según su versión, cada estado de pago fue revisado y visado por funcionarios del servicio, con controles mensuales y revisiones semanales. Barrientos afirmó que en los libros de obra no existiría constancia de irregularidades graves y que, hasta antes de la intervención del ministro, no hubo advertencias formales que justificaran una medida de la magnitud adoptada.
Por último, el abogado enfatizó un punto que a su juicio es uno de los más graves: Barrientos acusó que el ministerio habría sustituido la palabra “demolición” por “desarme” para lograr por otra vía un resultado que no estaría jurídicamente autorizado. Según el abogado, incluso se habría intentado ingresar a desarmar viviendas con contratos aún vigentes con Constructora San Sebastián y sin una terminación contractual formalmente notificada. A su juicio, aquello configuraría un “fraude a la ley”, porque se buscaría alcanzar un resultado material ,destruir o desmontar viviendas, sin cumplir el procedimiento exigible para ordenar una demolición.
Barrientos también sostuvo que la medida habría causado un daño económico y reputacional severo. Según indicó, la suspensión de la constructora en el registro de contratistas equivaldría a una “pena de muerte” para una empresa con 20 años de trayectoria y más de 40.000 soluciones habitacionales ejecutadas. Además, afirmó que la intervención ministerial habría afectado obras por cerca de 20 mil millones de pesos y obligado al despido de 80 profesionales.
En materia de salida técnica, el abogado planteó que la solución debería ser una pericia independiente, incluso internacional, designada por las partes o por los tribunales. Barrientos aseguró que la empresa está disponible para asumir reparaciones si así lo determina un informe imparcial, y agregó que reparar tendría costo cero para el Estado si se mantiene dentro del contrato vigente.
La defensa también cuestiona la oportunidad y proporcionalidad de la decisión ministerial. Según Barrientos, las viviendas no fueron entregadas a la constructora hace dos años, sino en diciembre de 2025, por lo que el retraso previo no sería imputable a San Sebastián. Desde esa perspectiva, acusó al ministro de haber confundido el legítimo malestar de las familias con una responsabilidad atribuible a la empresa.
El tono más político de la entrevista llegó cuando Barrientos afirmó que Poduje “ha montado un verdadero show mediático” y que estaría “utilizando el dolor de 350 familias en un beneficio político personal”. También lo acusó de actuar “como un verdadero señor feudal” y de haber quebrado la confianza entre el sector público y privado que, según el abogado, ha permitido el desarrollo de la infraestructura pública chilena durante las últimas décadas.
Finalmente, anticipó que la disputa seguirá en tribunales y que la empresa acudirá incluso al ministro del Interior para exponer su posición. En su cierre, Barrientos insistió en que el caso no debería resolverse mediante gestos políticos ni anuncios comunicacionales, sino mediante una verificación técnica independiente: “Vamos a un informe que salga rápidamente por un tercero imparcial y tomemos decisiones técnicas, no políticas”.
