La investigación liderada por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente en contra del exdiputado Joaquín Lavín sumó antecedentes clave que apuntan a una presunta malversación de recursos públicos para fines electorales. De acuerdo con información revelada por CNN Chile, al menos tres asesoras del exlegislador prestaron nuevas declaraciones ante los persecutores en abril pasado, reconociendo que una herramienta digital costeada con fondos parlamentarios fue empleada para labores de campaña,.
El foco de las diligencias se centra en la plataforma denominada SocialTazk, un sistema de mensajería masiva que habría sido desarrollado por el programador Felipe Vázquez, quien actualmente enfrenta un proceso de extradición desde España tras ser imputado en la causa. Las declaraciones de las asesoras confirmarían que, pese a que el desarrollo de esta tecnología se financió mediante asignaciones parlamentarias ,recursos destinados estrictamente al apoyo de la labor legislativa, su uso real estuvo volcado a la estrategia comunicacional de carácter político-electoral,.
Perjuicio fiscal y ampliación del desafuero
En el plano estrictamente judicial, la tesis de la fiscalía sostiene que estas maniobras, sumadas a otras irregularidades como la contratación de asesores que no habrían cumplido funciones efectivas, generaron un perjuicio al erario público superior a los $220 millones,. Según consignó CNN Chile, una de las declaraciones recogidas en la carpeta investigativa es taxativa respecto a la extensión temporal de estas prácticas, señalando que se llegaron a rendir facturas vinculadas a estas operaciones hasta enero de 2026,.
Con estos nuevos antecedentes, el ente persecutor busca ahora ampliar el desafuero de Lavín. El objetivo es incorporar formalmente la imputación por eventuales delitos electorales, los cuales estarían vinculados no solo al uso de recursos fiscales, sino también a la presunta comercialización de datos del padrón electoral para beneficio de candidaturas.
Cuestionamientos de la defensa
Actualmente, el exdiputado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva, tras ser formalizado por los delitos de tráfico de influencias, fraude al fisco y falsificación de instrumento privado mercantil en carácter reiterado.
Frente a la contundencia de los nuevos testimonios, la defensa de Lavín ha intentado impugnar la validez de los mismos. Los abogados del exparlamentario cuestionaron la metodología empleada por el Ministerio Público, sosteniendo que a las asesoras se les exhibió información parcializada antes de prestar declaración, lo que, a juicio de los representantes legales, viciaría el contenido de las afirmaciones entregadas a la fiscalía.
