Este martes, el Juzgado de Garantía de Puente Alto dio inicio al proceso entre el senador Manuel José Ossandón (RN) y el alcalde de Puente Alto , Matías Toledo. De acuerdo con antecedentes publicados por The Clinic, la acción judicial se origina tras la difusión de un video en redes sociales donde el edil cuestionó los gastos de traslación del parlamentario durante su presidencia en el Senado, lo que motivó una querella por el delito de injurias.
En la ofensiva legal, el senador Ossandón fichó al abogado Samuel Donoso, quien junto a Andrea Rivera y Gabriel Campos redactó el documento judicial de 17 páginas que sustenta la acusación. Donoso, quien compareció de manera presencial en la audiencia, busca resarcir lo que el parlamentario califica como un “daño profundo a mi honra y a la de mi familia”. Según el escrito, si bien Toledo aludió a un gasto de $46 millones en combustible, la defensa de Ossandón precisó que el monto específico en combustibles fue de $8.660.945, correspondiendo el saldo restante a otros ítems del equipo de trabajo.
Viejos conocidos
Por su parte, el alcalde Matías Toledo confió su representación al ex-fiscal Carlos Gajardo y a su colega Patricio Norambuena. La dupla de abogados, que compareció de forma telemática, cuenta con una trayectoria marcada por su paso como fiscales de Alta Complejidad Oriente. El nombramiento añade un matiz particular al litigio. Ambos estuvieron a cargo de la investigación del Caso SQM, misma causa donde Samuel Donoso representó al ex-gerente general de la minera, Patricio Contesse.
El conflicto que hoy llega a tribunales estalló cuando el alcalde subió un registro a su cuenta de Instagram sugiriendo un consumo excesivo de bencina por parte del senador. En el video, que alcanzó millones de visualizaciones, Toledo le espetó: “¿Le doy un consejo? Échele bencina al estanque una vez al día. ¿Cómo le va a echar tres veces? Ahí podríamos ahorrar un poquito de plata de todos los chilenos”.
Peticiones de pena y multas
En el plano procesal, la querella presentada por la defensa de Ossandón no solo busca una rectificación pública, sino que solicita sanciones privativas de libertad. En concreto, el senador pide para el alcalde Toledo una pena de “tres años de reclusión menor en su grado medio”, además de una sanción económica de 20 UTM, cifra que asciende aproximadamente a $1,5 millones.
Esta audiencia marca el primer hito de una relación que se ha tensionado desde 2024, periodo en el que ambos personeros han protagonizado diversos “rounds” públicos y exclusiones mutuas de eventos oficiales en la comuna más populosa de la zona sur de Santiago.
