El caso Lonconao se transformó en una polémica soberanista luego de que distintos medios y actores políticos denunciaran la eventual adquisición de terrenos fronterizos en Futaleufú por parte de ciudadanos argentinos, pese a las restricciones legales existentes para extranjeros de países limítrofes en zonas consideradas estratégicas.
La controversia escaló desde una disputa privada sobre propiedad de tierras hacia un debate sobre seguridad nacional, control territorial y resguardo de la soberanía chilena en áreas fronterizas, instalándose públicamente la tesis de que podría existir un intento de eludir la normativa mediante estructuras societarias o nacionalidades distintas a las reales de los compradores.
Pero el conflicto por terrenos en el sector de Lonconao, en Futaleufú, Región de Los Lagos, comienza a mostrar una arista política y territorial que excede ampliamente la disputa local.
Aunque el caso se ha presentado públicamente como una controversia vinculada a soberanía, propiedad y presencia extranjera en una zona fronteriza de la Región de Los Lagos, distintos antecedentes permiten observar una red de actores con un punto común: Antofagasta, a casi tres mil kilómetros de distancia.
EnEstrado constató que el abogado de la Junta de Vecinos de Futaleufú tiene su estudio jurídico en la calle Washington de Antofagasta. El estudio jurídico tiene dos abogados principales: José Ledesma Cortez y Héctor Padilla Ramírez, este último el redactor de la demanda que busca invalidar la compra que supuestamente sería ilegal.
La casualidad de un estudio tan lejano atendiendo a una Junta de Vecinos llamaba la atención. Pero había más. Y es que uno de los parlamentarios más activos en el caso es diputado por Antofagasta, el diputado Sebastián Videla, quien nos dio una entrevista que publicamos en un artículo anterior.
Aprovechando el viaje para entrevistar al diputado, visitamos a los abogados en Antofagasta y señalaron que darían declaración una hora después, pero cuando nuestros reporteros volvieron, los abogados se negaron a contestar. Dijeron que el abogado a cargo estaba en Futaleufú.
Nuestro medio tenía en ese instante reporteros en Futaleufú y contactaron al abogado, pero este señaló que no estaba allí. Esos mismos reporteros hablaron con personas de la Junta de Vecinos, quienes señalaron que habían recibido apoyo de una fundación denominada Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente (AEPA, https://www.aepa.cl/ ) y que ese contacto lo había hecho un vecino de los denunciados, Benjamín Carracedo. Su hermano, Antonio Carracedo Diez recibió el “Premio Nacional de Medioambiente” entregado por AEPA en el año 2020 como reconocimiento por la empresa de propiedad familiar Recimat.
Es interesante considerar que el vecino de la propiedad en discusión en Lonconao es el padre de Antonio y Benjamín, el fundador de la empresa Recimat, el señor Antonio Carracedo Rosende, quien vive en Lonconao, pero cuya empresa principal está en la Región de Antofagasta.
Hemos tomado contacto varias veces con la familia Carracedo, pero solo nos dieron testimonio en off hace unos meses. Desde entonces no nos han dado la oportunidad de entrevistarles. Tampoco obtuvimos respuesta desde AEPA.
Así, el caso deja de ser únicamente una disputa entre comunidad local, propietarios y autoridades. La pregunta que se abre es si la ofensiva pública y política sobre Lonconao responde exclusivamente a una preocupación soberana o si también existe una red de intereses privados, jurídicos y políticos articulada desde Antofagasta.
Ninguno de estos antecedentes acredita por sí mismo una irregularidad. Pero la coincidencia territorial entre el parlamentario involucrado, el estudio jurídico, la fundación de apoyo y la empresa privada vinculada a un actor con interés directo en el conflicto obliga a revisar con mayor detalle quiénes impulsan la controversia, con qué recursos, bajo qué vínculos y con qué objetivos. Esas son las preguntas que esperamos que las partes señalen. La coincidencia es posible, pero improbable.
