La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de Marcelo Moya, un interno que alcanzó la excelencia académica en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2025 mientras permanece recluido. Según consignó Radio Bío Bío, el tribunal determinó que Gendarmería de Chile actuó de forma “antijurídica” al negar al recurrente las facilidades para matricularse en una modalidad online, vulnerando su derecho a la educación y los fines de reinserción social.
El conflicto jurídico escaló luego de que la administración penitenciaria argumentara una falta de recursos técnicos y espacios físicos, además de advertir riesgos de seguridad dado el perfil del condenado. Sin embargo, los ministros desestimaron estas alegaciones, señalando que las dificultades técnicas son “totalmente salvables” y que el derecho a educarse se mantiene “incólume” a pesar de la reclusión.
Antecedentes de la condena y origen del caso
La situación procesal de Marcelo Moya se remonta a noviembre de 2014, cuando fue detenido en el marco de una investigación internacional iniciada por una alerta de la Interpol de Alemania. En aquel operativo, la policía detectó que desde su dirección IP se realizaban descargas masivas de material prohibido, incautando en su dormitorio diversos equipos computacionales y dispositivos móviles que contenían evidencia criminal.
En el aspecto estrictamente penal, el recurrente fue sentenciado a una pena total de 12 años de presidio tras acreditarse su responsabilidad en los delitos de almacenamiento y producción de pornografía infantil, además de abuso sexual. Los antecedentes judiciales detallan que los documentos hallados en sus dispositivos permitieron configurar cuatro hechos constitutivos de estos ilícitos. Moya comenzó a cumplir su sanción en octubre de 2015 y, de acuerdo con los registros institucionales, la fecha de término de su condena está fijada para el 28 de octubre de 2029.
Alcances de la resolución judicial
Pese a la naturaleza de los delitos, la Corte de Santiago enfatizó que la administración penitenciaria tiene el deber de incentivar que los internos realicen estudios de enseñanza superior para su reincorporación a la sociedad. La sentencia obliga a Gendarmería a realizar todas las gestiones necesarias para “proporcionar al recurrente (…) un lugar físico y acceso a internet —con las limitaciones necesarias—”, garantizando que pueda desarrollar sus estudios de Ingeniería bajo una modalidad fiscalizable y compatible con la seguridad del plantel.
El fallo quedó a firme luego de que a la institución penitenciaria se le venciera el plazo legal para apelar la decisión ante la Corte Suprema. Con esta resolución, el sistema judicial reafirma que la educación en contexto de encierro no constituye un premio discrecional, sino una “herramienta de reinserción” que debe ser facilitada por el Estado.
