La Fiscalía Regional de Los Lagos comunicó este viernes la apertura de una investigación penal destinada a esclarecer la filtración de información vinculada a la muerte del suboficial mayor Javier Figueroa Manquemilla, ocurrida en marzo pasado en la comuna de Puerto Varas.
La decisión, adoptada por la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer, tiene por objetivo identificar a los responsables de vulnerar el deber de reserva legal que rige sobre las diligencias de la causa.
La medida se originó tras la divulgación de un reportaje televisivo que reveló datos críticos del expediente. Según la información difundida, el llamado al numero 133 que alertó sobre personas bebiendo en la vía pública, se habría realizado desde un dispositivo móvil “asociado” al propio funcionario fallecido.
Asimismo, se informó que el teléfono fue hallado dentro de la mochila del uniformado sin su respectivo chip y que el proyectil que causó el deceso correspondería a su arma de servicio.
Desde el ente persecutor enfatizaron que el inicio de esta nueva arista judicial “no implica validar, confirmar ni descartar la autenticidad, veracidad o procedencia de los contenidos difundidos públicamente”,,. Por el contrario, la fiscalía subrayó que el resguardo de la carpeta investigativa es fundamental para “resguardar el éxito de las diligencias en curso, proteger la integridad de la investigación y evitar la revictimización” de la familia del carabinero, quienes han manifestado públicamente sus dudas sobre la tesis del suicidio.
La fiscal Wittwer advirtió que las filtraciones en causas vigentes pueden acarrear sanciones penales y administrativas para quienes tengan acceso a la información por su rol institucional. En paralelo, el Ministerio Público continúa con las pericias propias del caso principal, las cuales incluyen pruebas de ADN a los efectivos policiales que intervinieron inicialmente en el sitio del suceso en la Región de Los Lagos, con el fin de agotar todas las líneas de investigación sobre el origen del disparo.
