El diputado Jaime Mulet (FRVS) ingresó este jueves una denuncia criminal ante el Ministerio Público para que se investigue un eventual fraude y alteración de cifras al interior de la minera estatal Codelco. De acuerdo con antecedentes publicados por Radio Bío Bío, la acción judicial se fundamenta en los hallazgos de una auditoría interna que detectó una sobreestimación de 20 mil toneladas métricas de cobre en los reportes de diciembre de 2025, mes en el que la compañía informó su mayor producción mensual de la última década.
En el plano estrictamente judicial, el escrito solicita que la fiscalía indague la posible comisión de delitos de “administración desleal, fraude al fisco o defraudaciones conexas, falsificación documental y uso de documentos falsos, información falsa en documentos y responsabilidad penal de la persona jurídica”. La denuncia sostiene que, si se empleó una clasificación técnica improcedente para aparentar producción terminada y se pagaron incentivos asociados a metas no cumplidas realmente, “los hechos tendrían una gravedad penal e institucional manifiesta”.
La indagatoria penal apunta directamente al rol de la línea ejecutiva en estas maniobras. El informe preliminar de la auditoría, citado en la denuncia, menciona al gerente de Presupuesto y Control de Gestión, César Márquez, como el responsable de haber “autorizado la inclusión de ese volumen sin las aprobaciones correspondientes”. Asimismo, la acción judicial busca determinar la participación del gerente de la División Chuquicamata, René Galleguillos, en el flujo de información que permitió reportar como comercializable un material que, según fuentes de la estatal, no cumplía con los estándares internos.
El parlamentario enfatizó que esta situación debe ser aclarada por una instancia externa, señalando que la presunta manipulación de datos tiene “consecuencias en los balances, tiene consecuencias en los bonos que reciben los trabajadores y los ejecutivos, tiene consecuencias en el mercado de los bonos y los acreedores”. El objetivo de la presentación es que el Ministerio Público “esclarezca la efectividad de los hechos, determine su relevancia penal, identifique a los intervinientes y establezca las responsabilidades que correspondan”, sin descartar que estas acciones estén vinculadas a deficiencias estructurales en los sistemas de control de la empresa.
