En una resolución unánime, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a los cabos primeros de Carabineros, Claudio Iván Urrutia Lillo y Jorge Ignacio Ortiz Ortiz, a penas de 6 años de presidio de cumplimiento efectivo. Los uniformados fueron declarados autores del delito consumado de robo con intimidación, perpetrado en diciembre de 2023 en la comuna de Estación Central, hecho que el tribunal consideró agravado por la calidad de funcionarios públicos de los acusados.
De acuerdo con el expediente judicial (causa rol 323-2025), el tribunal —integrado por los magistrados Erick Aravena Ibarra, Ana Cámpora Guajardo y René Bonnemaison Medel— impuso además al acusado Ortiz Ortiz una pena secundaria de 820 días de reclusión efectiva como autor del delito de falsificación de instrumento público. La sentencia incluye las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos durante el tiempo que duren las condenas.
El “procedimiento” que terminó en atraco
Los hechos acreditados por el tribunal, más allá de toda duda razonable, ocurrieron la mañana del 4 de diciembre de 2023. Mientras la víctima conducía su motocicleta por la avenida San Alberto Hurtado, fue interceptada por Urrutia y Ortiz, quienes se desplazaban en motos institucionales y en ejercicio de sus funciones. Según el fallo, los ahora condenados insultaron al conductor y lo amenazaron con deportarlo, mientras registraban sus vestimentas y pertenencias.
Durante la acción, los carabineros le quitaron su billetera y teléfono celular, sustrayéndole un monto aproximado de $624.000 en efectivo. Posteriormente, obligaron a la víctima a conducir escoltado por las motocicletas policiales hasta la plaza “Los Ciruelos”, lugar donde le devolvieron sus especies personales pero se retiraron del sitio con el dinero.
Falsificación para el encubrimiento
La arista judicial por falsificación se originó cuando el cabo Jorge Ignacio Ortiz confeccionó un parte de tránsito ideológicamente falso contra el afectado. El documento aseguraba que la víctima había sido fiscalizada en la comuna de Cerrillos por conducir sin licencia, con el fin de “justificar una actuación policial realizada fuera del marco legal”. El tribunal fue enfático en señalar que esta conducta afectó no solo la fe pública, sino también la credibilidad de la institución policial a la que pertenecían.
En la determinación de la cuantía de la pena, los jueces aplicaron el rigor del artículo 449 del Código Penal, que establece un marco rígido para delitos de esta naturaleza. El tribunal destacó que los acusados realizaron el robo “abusando de las prerrogativas que la ley les entrega para el resguardo del orden público”, lo que generó un daño superior al que habría causado cualquier otro ciudadano.
Finalmente, el Cuarto TOP dispuso que, una vez ejecutoriado el fallo, se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para su incorporación en el registro nacional de ADN de condenados, además del comiso de todas las especies incautadas durante el procedimiento. Al no cumplirse los requisitos para penas sustitutivas, los sentenciados deberán cumplir la totalidad de sus penas privados de libertad.
