El Ministerio Público ha solicitado una pena de siete años de presidio para el receptor judicial Eduardo Löbel Aracena, imputado por el delito reiterado de falsificación de instrumento público. De acuerdo con información publicada por Radio Bío Bío, el funcionario es acusado de haber falsificado las notificaciones de una demanda civil iniciada en 2016 por el Banco Santander, en la cual se buscaba ejecutar una deuda hipotecaria superior a los 74 millones de pesos. La irregularidad quedó al descubierto cuando el demandado constató que supuestamente había sido notificado en una dirección de Las Condes donde nunca residió, puesto que su domicilio real se encontraba en Talagante.
En el aspecto fáctico de la acusación, se detalla que Löbel certificó búsquedas positivas en un inmueble de avenida Alejandro Fleming, asegurando que una persona adulta le había confirmado que el deudor vivía en el lugar. Sin embargo, la indagatoria de la PDI y el Ministerio Público determinó que la dirección correspondía a un condominio de cuatro bloques, antecedente que el ministro de fe omitió al no consignar el número de departamento donde supuestamente practicó la diligencia. Además, se detectó que el banco realizó pagos al receptor —uno de ellos por 457 mil pesos— apenas tres días después de la certificación de las notificaciones bajo el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.
A pesar de que la defensa del imputado intentó invalidar el proceso mediante un incidente de prescripción, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago desestimó la solicitud al calificar los hechos como un crimen, criterio que fue ratificado en febrero por la Corte de Apelaciones capitalina. Con este escenario judicial despejado, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago fijó el inicio del juicio para el próximo 12 de agosto, instancia donde se definirá la responsabilidad del funcionario que cuenta con más de 40 años de trayectoria institucional.
La situación procesal de Löbel ha reflotado controversias previas, como su vinculación en 2018 a una causa que involucraba al hijo de un ministro de la Corte Suprema, proceso en el que la fiscalía decidió no perseverar por falta de antecedentes suficientes para acusar.
No obstante, su historial administrativo da cuenta de una carrera marcada por cuestionamientos: el receptor registra cinco medidas disciplinarias entre 2014 y 2019, incluyendo cuatro censuras por escrito —una de ellas por cobros superiores al arancel fijado por el Ministerio de Justicia— y una amonestación privada por practicar notificaciones mientras se encontraba con licencia médica.
