La Fiscalía Metropolitana Sur se encuentra analizando una serie de antecedentes que apuntan a la existencia de un mecanismo institucionalizado de recaudación de fondos ilícitos al interior de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda. La investigación, que surge tras una querella por eventual cohecho y financiamiento irregular de campañas políticas, busca determinar si se exigieron aportes económicos forzosos a funcionarios para costear la reelección del actual jefe comunal, Luis Astudillo, conocido como el “Doctor del Pueblo”.
El núcleo de la indagatoria fiscal apunta al Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM), un bono trimestral que reciben los trabajadores públicos y que habría servido de base para el cálculo de las supuestas remesas. Según los testimonios que ya forman parte de la carpeta investigativa, el sistema operaba mediante presiones directas hacia quienes ingresaron bajo la actual administración. Una de las denunciantes, Camila Ramírez, describió el carácter imperativo de la medida ante el ente persecutor: “Esto es una obligación. Esto no es una invitación a hacer tu aporte en la medida que tú puedas. No, esto es obligatorio para todos los funcionarios que llegaron con el alcalde”.
Para la Fiscalía, un elemento crítico es la trazabilidad del dinero. De acuerdo con los antecedentes reunidos por Reportajes T13 y que hoy están bajo custodia judicial, los montos habrían sido solicitados exclusivamente en efectivo y sin transferencias bancarias, con el objetivo de “evitar dejar rastros” y dificultar la labor de fiscalización. Entre las pruebas que analiza el Ministerio Público figuran chats de WhatsApp donde se explicita la angustia de los involucrados frente a los montos exigidos, que en algunos casos ascendían a cifras millonarias: “Tengo que pasar 2.5 millones. Si paso la mitad ahora, me quedaría la otra mitad que sí o sí tengo que sacarla del sueldo, y eso para mí es imposible”.
La figura del administrador municipal, Gerardo Sánchez, ha sido situada por los denunciantes como el presunto coordinador de los cobros. En el expediente se incluyen relatos que dan cuenta de una lista interna donde “salían nuestros nombres y cuánto era el monto el que correspondía al bono”. La gravedad de las imputaciones escala ante la advertencia de represalias laborales, con testimonios que aseguran que “te exigían o sino perdías el trabajo no más, era así de simple”.
Desde el municipio, el director jurídico Marco Zepeda descartó de plano las acusaciones ante los medios, sosteniendo que “no ha existido cuota ni se ha podido acreditar que exista de manera alguna una cuota por trabajar en este municipio”. No obstante, el concejal Evaristo Aravena confirmó que el proceso judicial cuenta con medios de prueba adicionales, como “correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp y también los giros en dinero de sucursales bancarias”. Mientras la investigación sigue su curso bajo reserva, la justicia deberá determinar si la alta votación obtenida por Astudillo en 2024 se gestó bajo un esquema de defraudación que hoy tiene a la cúpula administrativa de Pedro Aguirre Cerda bajo sospecha criminal.
