El Juzgado de Garantía de San Javier es el escenario donde este martes se retoma el curso legal de la denuncia presentada por la actriz Yamila Reyna en contra de Domingo Vega Urzúa, conocido como Américo. El Ministerio Público inició el procedimiento comunicando cargos por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), derivado de una serie de incidentes que se habrían desencadenado tras el Festival Oro Verde de Empedrado. La audiencia, que comenzó pasadas las 10:30 horas, se centra en los hechos de competencia territorial de dicho tribunal, específicamente un episodio registrado en un servicentro de la zona.
Según los antecedentes que maneja la persecución penal, el imputado habría agredido a la víctima durante el trayecto de regreso a Santiago, acción que incluyó empujones y la destrucción del teléfono celular de la denunciante. Si bien existieron altercados previos en la cabaña donde se hospedaban en Empedrado, la formalización se focaliza en lo ocurrido en la estación de servicio, donde testigos habrían reportado conductas violentas. Para la defensa de la víctima, encabezada por la abogada Karin Heim, este paso procesal es una validación de la indagatoria, afirmando que “hay pruebas que confirman la violencia intrafamiliar (VIF), es la única forma en que un fiscal va a llegar a una decisión de formalizar una causa”.
En el plano de las medidas cautelares, la parte querellante ha descartado solicitar la prisión preventiva por considerar que no se ajusta a la naturaleza de los delitos imputados en esta etapa. No obstante, el tribunal podría determinar restricciones de acercamiento, arraigo nacional o la obligatoriedad de someterse a tratamientos de control de impulsos. Otra vía que se discute en los pasillos de la sede judicial es la suspensión condicional del procedimiento, una salida alternativa que permitiría concluir el caso bajo condiciones específicas sin que el imputado admita responsabilidad penal directa.
La abogada Heim enfatizó que este proceso representa un “hito muy importante” para el resguardo de su representada, señalando que el objetivo primordial es evitar la revictimización secundaria a través de los medios de comunicación. Respecto a la gravedad de los hechos denunciados, la jurista fue categórica ante el tribunal y la prensa al sostener que “no hay ningún hecho que pueda cometer ninguna mujer que pueda justificar que un hombre la agreda”. Mientras se agota el debate sobre las cautelares, el imputado —quien llegó al juzgado acompañado de familiares— aguarda la resolución de un caso que, más allá de la notoriedad de los intervinientes, se rige bajo los estrictos protocolos de la Ley de Violencia Intrafamiliar en Chile.
