Por Claudio Fariña K.
Cuando se mira de lejos, el conflicto se parece mucho a una crisis de soberanía y la sospecha de extranjeros minando el poder de Chile. Cuando se mira de cerca se ven temas de deslindes de fundos, peleas entre vecinos, denuncias de uso de caminos privados y discusión sobre desechos; esto es, un conflicto vecinal. En ambos casos es un asunto de alta sociedad: terrenos caros y actores de alto nivel. Uno es Antonio Carracedo, empresario de gran fortuna con una presencia casi monopólica en reciclaje de baterías, por un lado; y Jorge Becerra, un consultor internacional experto en la arquitectura de negocios de grandes compañías. Este último ha sido personificado como el corazón de la crisis, aunque tiene el 16% de la sociedad que tiene el terreno, llamada Rumbo Sur.
La historia, como se verá, es particularmente llamativa. Todo ocurre en la zona de Lago Lonconao, una zona no solo de gran belleza, sino además con un altísimo valor de la hectárea, entre 50 y 100 millones con orilla de lago. Y en esta zona, el clima ha pasado de la sospecha al conflicto. La discusión entre parceleros y sus abogados ha sido reemplazado por la participación del Congreso y de la prensa.
Pero, ¿cuál es la denuncia?
Antonio Carracedo Rosende hace años, y ahora la Junta de Vecinos de Lonconao han señalado que podría existir una irregularidad en la compra original del predio de Rumbo Sur ya que el consultor Jorge Becerra habría simulado su nacionalidad para esquivar la ley que establece restricciones para ciudadanos argentinos a la hora de compras fronterizas (aunque el predio no está en la frontera, se considera zona fronteriza por proximidad). Se acusa entonces que Becerra y su esposa habrían usado su doble nacionalidad -española y argentina- para ocultar que tienen la ciudadanía de un país limítrofe. La defensa de Rumbo Sur, representada por los abogados Gustavo Ortiz y Jaime Barrientos (este último vecino de la zona también), señala que se ha cumplido la ley de manera íntegra y la compra cumple todos los requisitos ya sea que se considere una nacionalidad o la otra porque la prohibición solo opera cuando se tiene más del 40% de la propiedad en manos argentinas y, en este caso, el matrimonio argentino suma el 32%. Hace ya una década hubo denuncias por esto al Ministerio Público, pero éste decidió no perseverar por falta de pruebas. Se pronunció entonces el Consejo de Defensa del Estado.
“Como abogado de Rumbo Sur SpA, es imperativo aclarar que la adquisición del inmueble en el sector de Lago Lonconao, comuna de Futaleufú, se realizó bajo el más estricto apego a la ley chilena. Contrario a lo que se ha intentado instalar, la normativa en zonas fronterizas no prohíbe de forma genérica la participación de extranjeros. Tal como hemos expuesto formalmente ante el Senado la normativa chilena aplicable a la adquisición de inmuebles en zonas fronterizas no contiene una prohibición general para toda persona extranjera ni para toda sociedad en la que participe un extranjero”, enfatiza Jaime Barrientos
Sin embargo, el tema se pretende abrir de nuevo, ahora con un discurso más belicoso. De hecho, Antonio Carracedo apareció en un reportaje de Canal 13 advirtiendo que la acción legal presentada en 2016 por esta infracción legal estaba a punto de prescribir en mayo de este año y que se necesitaba una nueva presentación. Cuando fue emitido el reportaje de Emilio Sutherland, ya se había interpuesto la demanda de la Junta de Vecinos, donde se pide la expropiación de parte del predio de Rumbo Sur.
“No estamos ante un caso nuevo. Estos mismos hechos ya fueron objeto de una investigación exhaustiva. Es fundamental que la opinión pública sepa que en el año 2020, el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación al determinar que no existían antecedentes para fundar una acusación. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) fue informado de esta decisión y sostuvo que no existía un interés fiscal en la materia investigada. Por tanto, resulta injustificado presentar hoy esta operación como ‘irregular’ cuando las instituciones competentes ya se pronunciaron hace años”, asegura Barrientos abogado de Rumbo Sur.
Un diputado lejos de su distrito
En este contexto, hay diversos factores que llaman la atención. El diputado más activo por el caso es un diputado de la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, que se preocupa de este conflicto a 3000 kilómetros de distancia. Como veremos, el diputado nos ha concedido entrevista. También llama la atención que el estudio de abogados que tomó el caso también es de Antofagasta. Los visitamos, pero no nos dieron entrevista. Algunos testimonios de la zona señalan, en nuestro reporteo en Futaleufú, que lo de Carracedo es una obsesión y que probablemente haya buscado apoyos para su causa. Dado que él es un empresario muy importante en la Región de Antofagasta, esto explicaría la aparición del diputado en la zona, donde ahora asegura, no ha viajado hace un año.
“Resulta preocupante que se pretenda usar la caja de resonancia del Congreso para dirimir disputas privadas. Existen intereses particulares, litigios previos y actores directamente involucrados en mantener viva una disputa patrimonial. Bajo la apariencia de una preocupación por la soberanía nacional, lo que realmente vemos es un esfuerzo por reducir la reputación de los socios de Rumbo Sur para forzar una venta bajo presión. Honestamente, el único objetivo aquí parece ser generar una venta forzosa para que ciertos actores puedan comprar a precio de ocasión”, afirma el abogado Barrientos.
Durante una década, Antonio Carracedo ha encabezado la campaña para dar a conocer un eventual subterfugio de los socios de Rumbo Sur: Jorge Becerra, María Teresa Tedeschi y Sofía Becerra, los dos primeros con nacionalidad española y argentina y la hija de ambos, de nacionalidad española. Becerra es un consultor financiero y actualmente parte del directorio de diversas empresas. Becerra es considerado cercano al ex presidente argentino Mauricio Macri.
Sin embargo no todo fue pelea desde el principio. Carracedo reconoce que el grupo que forma Rumbo Sur se acercó a él en 2015 para comprar 448 hectáreas de su propiedad, por medio de Inversiones Talavera Limitada. “Se acercaron y me preguntaron qué quería hacer yo, les dije que quería dejar el bosque y todo tal cual está, ellos dijeron que tenían la misma aspiración”, dijo a Canal 13. En esa reunión, según Carracedo, estuvieron Jorge Becerra, María Teresa Taschetti (esposa de Becerra) y Francisco Bedeschi, quien habría actuado como representante de la sociedad, afirmando que era ciudadano italiano.
La versión de la contraparte, de Rumbo Sur, es que ellos compraron a otra persona y que era un terreno mayor, derivado de una sucesión y que, por tanto, hubo que recurrir a un juez para la partición del terreno porque se habían comprado, por parte de Carracedo y de Rumbo Sur, los derechos por el 50% de la propiedad, pero no habían deslindes.
El juez falló y Carracedo se sintió insatisfecho. Allí comenzaron los problemas y es que aun cuando la compra fue legalmente aceptada, Carracedo consideró que había espacio para buscar una revisión y posible nulidad de la compra.
En la zona, los conflictos por la posibilidad de acceder a terrenos de gran valor han sido constantes. También se habla de numerosas rencillas entre distintos habitantes y administradores de las parcelas. El mismo administrador de Rumbo Sur, Francisco Bedeschi, ha sido sindicado constantemente como alguien conflictivo.
Controversia Cerrada
En 2016 un concejal de Futaleufú Benjamín Vasquez Vidal presentó una demanda contra Rumbo Sur para pedir la nulidad del contrato de compraventa, por violar la ley de fronteras y ocultar la nacionalidad de sus socios. La acción legal también trascendió al Ministerio Público, que comenzó una investigación.
Sin embargo, el 2018, Inversiones Talavera, de Carracedo, e Inversiones Rumbo Sur, llegaron a un acuerdo, en que la sociedad de Carracedo se declaraba “satisfecha” con la subdivisión del terreno en 224 hectáreas para Rumbo Sur y el 50% restante para Inversiones Talavera.
El fin de la controversia llegó cuando el Ministerio Público decidió no perseverar en la denuncia. La ley no prohíbe a todo evento que extranjeros puedan comprar terrenos en zonas fronterizas. Lo que el legislador previó en esta ley es que no haya una mayoría o control sobre predios en territorios fronterizos por parte de nacionales del país limítrofe.
Si se trata de compras a partir de empresas formadas en Chile el estándar de preocupación del Estado es más bajo. De hecho, si la ley se aplicara de manera muy restrictiva, numerosas personas de la zona podrían tener problemas, ya que es una zona donde hay más vida argentina que chilena. Se trata de una zona geográfica a la que es más fácil acceder desde Argentina que desde Chile.
De hecho, a propósito de argentinos, el propio Antonio Carracedo podría ser escrutado, ya que nació el 19 de marzo de 1956 en Buenos Aires, Argentina, según su certificado de nacimiento en el Registro Civil de Chile. Está claro que tiene la nacionalidad chilena, pero no está claro que haya renunciado a la argentina. Podría suponer que una revisión más acuciosa de la zona pudiera generar varias investigaciones.
Pero ese detalle ha estado fuera de la discusión. En abril 2025 se reactivó públicamente la denuncia contra Rumbo Sur. El diputado del Partido Liberal, Alejandro Bernales mandó un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, para pedir antecedentes sobre “la adquisición de 448 hectáreas específicamente en Futaleufú, en el lugar denominado Lago Lonconao”. El documento no parece estar al tanto del acuerdo que subdividió los predios en 224 hectáreas y cita la misma extensión que la demanda del concejal, hecha en 2016. Además, en ese oficio Bernales denuncia a “ciudadanos argentinos que constituyeron una empresa en Chile para vulnerar la legislación chilena vigente sobre el tema”.
Este oficio fue respondido por los abogados de Rumbo Sur en septiembre de 2025, acusando que la solicitud del diputado Bernales excede sus labores fiscalizadoras al imputar un delito e intervenir en controversias privadas, que ya habían terminado, a través del acuerdo de 2018.
Los oficios parlamentarios
Bernales, diputado por la zona en ese momento, se alejó del tema públicamente, al parecer de manera definitiva. La ofensiva vino desde otro parlamentario del mismo partido: Sebastián Videla, el 1 de septiembre de 2025 Videla mandó un oficio a la Contraloría General de la República, para que se pronunciara sobre la legalidad del contrato de compraventa de los terrenos, insistiendo en que Rumbo Sur está formada por ciudadanos argentinos. También los acusa de haber ocultado deliberadamente su nacionalidad. Además, recuerda en el documento que estos antecedentes también fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado.
Videla a un año de la presentación de este oficio, es cauteloso en cuanto a esperar que “las autoridades se pronuncien”, dijo en una entrevista reciente para nuestro medio.
“Consideramos que la labor parlamentaria es legítima, pero no puede ser “pautada” por denuncias televisivas que omiten la realidad jurídica del caso. Es grave que se haya instalado ante la opinión pública una conclusión de irregularidad que no se sigue de la legislación aplicable ni de los antecedentes del caso” asegura el abogado Jaime Barrientos.
Entrevista de enviado especial de En Estrado a San Pedro de Atacama, Claudio Fariña.
Como se aprecia en la entrevista, sobre las posibles irregularidades, Videla reconoce que no estaba al tanto de que Carracedo nació en Argentina e insiste en que su motivación para involucrarse en un asunto a 3000 kilómetros de su distrito está en que le preocupa lo que ocurra en las zonas fronterizas.
Como habíamos señalado, Antonio Carracedo es un importante actor en el ámbito empresarial de la Región de Antofagasta. Es dueño de Recimat, la firma que tiene el 94% del mercado del reciclaje de baterías de plomo-ácido en Chile, cuyo principal cliente del producto que sale de ellas, plomo de alta pureza, es la gran minería. La planta principal de Recimat está hace 15 años en Calama. Carracedo participa en el Comité Operativo Ampliado de la ley 20.920 sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que pide a los productores de desechos industriales, hacerse cargo de la reutilización de ellos. Las baterías están entre los productos prioritarios y el comité tiene contacto directo con las autoridades políticas. Se encarga de acordar la actualización de la normativa legal que establece metas de recolección y valorización de estos productos.
La red empresarial de la familia Carracedo incluye al menos 11 sociedades con clientes en la gran minería con sede en la Región de Antofagasta. Además de los emprendimientos turísticos de las sociedades Inversiones Lago Lonconao, y Turismo y Excursiones Lago Espolón, lago cercano vecino del Lonconao. Esta empresa tiene el nombre de fantasía de Ruta 7 y es liderada por Benjamín Carracedo Diez.
El rol de la Junta de Vecinos
Para evitar la prescripción de la acción legal contra la compra de terrenos en el Lago Lonconao, la junta de vecinos de la zona encabezada por Ángelo González, presentó una nueva demanda para anular el contrato. El abogado que representa a los vecinos Héctor Padilla Ramírez, tiene su oficina de ejercicio libre de la profesión en Antofagasta. Como ya fue señalado, le solicitamos una entrevista y en el estudio de Abogados se accedió a dar la entrevista una hora después de llegar al lugar, pero cuando volvió nuestro enviado especial, habían decidido que no darían la entrevista porque estaba en Futaleufú. Como también un equipo de nuestro medio estaba en la zona se le llamó, pero el abogado se excusó señalando que estaba en Contulmo, provincia de Arauco, Región del Bio-Bio
Paralelamente, el senador Fidel Espinoza (PS) por la región de Los Lagos e integrante de la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales, se unió la ofensiva legal en sintonía con las alegaciones de Carracedo. El 26 de abril el parlamentario entregó antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y se quejó de la “poca simpatía” de la entidad en relación a este tema. Aseguró que pidió audiencia hace varias semanas sin respuesta. Espinoza anunció que entregaría los datos al BCI, donde Becerra forma parte del directorio.
¿Qué dice la ley?
Poco se ha hablado de la ley que regula estas compras. Vale la pena tener claro el panorama al respecto, porque la discusión retórica ya se aproxima a los tribunales y nuestro medio tiene la obligación de informar el fondo del asunto.
“La ley establece restricciones específicas basadas en la estructura societaria y porcentajes de participación de nacionales de países limítrofes, requisitos que nuestra representada ha cumplido a cabalidad. Tenemos total disposición a entregar toda la documentación necesaria , pero exigimos que se respete la honra de nuestra representada y la certeza jurídica que Chile debe ofrecer a quienes actúan bajo sus normas.”, afirma el abogado Barrientos, de Rumbo Sur.
Efectivamente, la legislación chilena no prohíbe en general que extranjeros adquieran inmuebles en Chile, pero sí establece restricciones especiales en zonas fronterizas para ciertos extranjeros y ciertas sociedades.
El eje normativo es el Decreto Ley N.º 1.939, especialmente sus artículos 6, 7 y 8, junto con el DFL N.º 4 de 1967, que permite declarar zonas como fronterizas.
Técnicamente, la regla puede resumirse así:
- Restricción principal: nacionales de países limítrofes
Los nacionales de países limítrofes —Argentina, Bolivia y Perú— no pueden adquirir el dominio, otros derechos reales, ni ejercer posesión o tenencia sobre bienes raíces situados total o parcialmente en zonas declaradas fronterizas, salvo autorización especial.
Esto significa que la prohibición no se dirige a cualquier extranjero, sino a una categoría específica: personas naturales de países limítrofes.
- Personas jurídicas también pueden quedar comprendidas
La restricción no opera solo respecto de personas naturales. También puede alcanzar a sociedades o personas jurídicas cuando exista una vinculación relevante con nacionales de países limítrofes.
El análisis debe considerar:
- si la sociedad tiene sede principal en un país limítrofe;
- si su capital pertenece en un porcentaje relevante a nacionales de país limítrofe;
- si existe control efectivo por parte de nacionales de países limítrofes;
- si la estructura societaria se usa para eludir la prohibición.
En términos prácticos, la ley no impide automáticamente que una sociedad chilena compre en zona fronteriza porque uno de sus socios sea argentino, boliviano o peruano. Lo relevante es verificar participación, control y estructura real.
- Umbral societario relevante
En la práctica jurídica aparece como criterio central el umbral de 40% o más de participación de nacionales de países limítrofes en el capital social. Si la participación es inferior, ello no activa por sí solo la prohibición, aunque siempre debe analizarse si existe control efectivo.
Por tanto, una sociedad chilena puede ser jurídicamente apta para adquirir un predio fronterizo si está constituida en Chile; no tiene sede principal en país limítrofe; no tiene 40% o más de capital perteneciente a nacionales de país limítrofe y no está controlada efectivamente por nacionales de país limítrofe. Por supuesto, la ley prevé la importancia de que no haya simulación o estructura fraudulenta para encubrir una adquisición prohibida.
- Tierras fiscales: regla más estricta
Hay una regla especial para tierras fiscales ubicadas hasta cierta distancia de la frontera. En esos casos, la adquisición, arrendamiento o título de uso está mucho más restringido y se reserva principalmente a personas naturales o jurídicas chilenas.
Esto debe distinguirse de la compraventa de predios privados. No toda propiedad en zona fronteriza es tierra fiscal.
- Autorización especial
Cuando una persona o sociedad queda dentro de situaciones restringidas, puede requerirse una autorización especial del Estado. Esa autorización se tramita mediante organismos competentes y puede involucrar informes de instancias como Interior, Relaciones Exteriores, Defensa y DIFROL.
- Sanción frente a simulación o engaño
La ley también contempla consecuencias cuando la prohibición se elude mediante documentos falsos, simulación de contrato u otro engaño semejante. Por eso, si alguien acusa simulación, debe demostrar algo concreto: qué prohibición se burló, qué ventaja jurídica se obtuvo y qué acto fue simulado.
