La Comisión de Familia del Senado iniciará este martes 12 de mayo la tramitación de un proyecto de ley que propone sancionar penalmente las denuncias falsas en materias de justicia familiar y delitos sexuales.
La moción, de autoría de la senadora Vanessa Kaiser junto a parlamentarios de RN y la UDI, surge en un contexto de creciente debate sobre la eficacia del sistema judicial y el impacto de las acusaciones infundadas en la honra y los vínculos afectivos. La iniciativa contempla un procedimiento especial ante el mismo tribunal que conoció la causa original para que, tras un sobreseimiento o absolución, se pueda solicitar una declaración formal de falsedad de la denuncia.
En lo medular, la propuesta legislativa establece penas que fluctúan entre los 541 días y los cinco años de presidio, además de multas económicas que van desde las 21 hasta las 60 UTM. El texto legal pone especial énfasis en el resarcimiento del daño, incorporando medidas como la retractación pública, la eliminación de registros y la condena en costas para el denunciante malicioso. Según los fundamentos de la moción, “así se reconoce que el daño a la honra y al vínculo familiar no se repara sólo con la absolución del o de la falsamente denunciado”. Asimismo, el proyecto amplía el cerco de responsabilidad hacia peritos, psicólogos y médicos que actúen con dolo o negligencia grave al emitir informes técnicos carentes de veracidad.
La senadora Kaiser defendió la urgencia de la norma señalando que “este proyecto de ley no limita ni desincentiva la denuncia de delitos o infracciones reales… al contrario, fortalece el sistema para distinguir entre víctimas reales… y aquellas denuncias meramente instrumentales”. La legisladora enfatizó que el objetivo es evitar la manipulación del sistema judicial con fines maliciosos, sosteniendo que “denunciar es un derecho, denunciar falsamente es un crimen”. Cabe recordar que intentos previos de legislar sobre esta materia en la Cámara de Diputados no prosperaron debido a la resistencia política por el posible impacto en el acceso a la justicia de víctimas de violencia intrafamiliar.
El debate se retoma con antecedentes recientes en la opinión pública, como el sobreseimiento definitivo del actor Cristián Campos en 2025, hecho que reactivó las mociones parlamentarias sobre la materia. No obstante, desde el oficialismo ya se anticipan reparos respecto a la configuración del “dolo o culpa grave” que exige el proyecto para sancionar al denunciante, advirtiendo sobre el riesgo de inhibir denuncias legítimas en casos de alta complejidad probatoria.
