En una resolución que marca un hito en la investigación de las irregularidades en el ámbito municipal y que golpea al hijo del ex presidenciable de la UDI Joaquín Lavín Infante, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra el exdiputado Joaquín Lavín León.
El tribunal representado por el juez Daniel Urrutia validó los antecedentes presentados por el Ministerio Público, que le imputa los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil. De acuerdo con la indagatoria, el perjuicio fiscal derivado de las maniobras del exlegislador superaría los 170 millones de pesos, consolidando la tesis de que este habría operado como una pieza central en el desvío de recursos públicos.
Durante la audiencia, el magistrado ponderó los argumentos del abogado representante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, quien reiteró que el imputado instrumentalizó la estructura edilicia para fines personales y electorales. Para la parte querellante, el rol de Lavín León no fue secundario, sino indispensable, sosteniendo que “para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad de Maipú”. Esta conexión indisoluble con la gestión de su cónyuge, Cathy Barriga, permitió al tribunal acreditar que el exparlamentario habría ejercido un control fáctico sobre contrataciones y servicios, operando bajo la figura de un “alcalde en las sombras”.
Por su parte, la defensa técnica liderada por el abogado Cristóbal Bonacic intentó desvirtuar la gravedad de las imputaciones alegando que las irregularidades en las rendiciones de asignaciones parlamentarias correspondían meramente a “errores administrativos” y no a una conducta dolosa organizada. Sin embargo, el tribunal consideró que el uso de la plataforma “SocialTazk” para campañas políticas y el vínculo con proveedores cuestionados, como la imprenta MMG, daban cuenta de una maquinaria defraudatoria. En este contexto, se recordaron los antecedentes de Arnaldo Domínguez, formalizado previamente por cohecho, quien según los intervinientes “recibía una coima, conocida en el lenguaje más común, por prestar ciertos servicios al interior del municipio”.
La decisión judicial de privar de libertad a Lavín León se produce en un escenario de alta complejidad procesal, considerando que la causa principal contra Cathy Barriga ya cuenta con más de 14.000 páginas y 32 terabytes de información. Mientras que la preparación del juicio oral para la exalcaldesa fue reprogramada para agosto de 2026, el ingreso del exparlamentario a un recinto penal refuerza la postura de los querellantes, quienes han denunciado sistemáticas “maniobras dilatorias” en el proceso. Con esta cautelar, el tribunal fijó un plazo de investigación para profundizar en la trazabilidad de los fondos y la eventual responsabilidad de otros colaboradores del entorno del exdiputado.
Junto con el exdiputado, cumplirá prisión preventiva su asesor Arnaldo Domínguez. Gendarmería decidirá si Lavín cumplirá la medida en el anexo Capitán Yaber, como solicitó su defensa
