La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó este jueves que el exagente de la DINA, César Manríquez Bravo, de 95 años, no regresará a un recinto penitenciario y permanecerá bajo el cuidado de su cónyuge en su residencia particular. El máximo tribunal ratificó la sentencia previa de la Corte de Apelaciones de San Miguel, aplicando el artículo 687 del Código de Procedimiento Penal tras acreditarse que el condenado padece un cuadro de enajenación mental irreversible. Manríquez cumple una pena de 15 años de presidio dictada en 2023 por el secuestro calificado de 16 víctimas de la Operación Colombo, y se le vincula a crímenes que involucran un total de 89 víctimas durante la dictadura.
La decisión fue adoptada de forma dividida por tres votos contra dos, en una instancia que se resolvió sin alegatos. Mientras la mayoría de los ministros consideró suficientes los peritajes del Servicio Médico Legal que diagnostican un trastorno neurocognitivo severo y síndrome demencial, los votos de minoría estuvieron por revocar el amparo basándose en la posición de los querellantes, quienes acusaron una presunta simulación de demencia por parte del exuniformado. Cabe destacar que Manríquez se encuentra internado en el Hospital Militar desde septiembre de 2024 tras sufrir un traumatismo encéfalo-craneano, y recientemente se reportó una fractura de costillas que agrava su delicado estado de salud.
El caso ha generado una fuerte controversia política y judicial, al ser el primer proceso de un exagente en el que la nueva jefatura del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia instruyó a sus abogados no apelar ni oponerse a la concesión de beneficios carcelarios. Esta directriz ha sido objeto de críticas transversales hacia la administración del Presidente José Antonio Kast, mientras que la defensa de Manríquez ha defendido la legalidad del beneficio.
Tras conocerse el veredicto definitivo, la abogada defensora Carla Fernández Montero valoró el pronunciamiento judicial, señalando que “César Manríquez Bravo, con enajenación mental irreversible, no vuelve a la cárcel. Pasará sus últimos días al cuidado de su esposa, en su casa, como lo ordena la ley”. Asimismo, la representante legal enfatizó que la resolución ratifica la universalidad de las garantías procesales, afirmando que “esta victoria no es solo de César Manríquez Bravo y de su familia. Es la confirmación de un principio: los derechos humanos son de todos, sin excepciones, sin apellidos, sin categorías excluidas”. Con este fallo, se pone término a una batalla legal de más de dos años respecto a la situación de uno de los mandos clave de la policía política del régimen militar.
