En un movimiento clave para enfrentar las diversas aristas judiciales que lo rodean, Michael Clark, expresidente de la sociedad controladora de Universidad de Chile, Azul Azul, contrató los servicios del abogado y exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero Vega, para actuar como su “gestor de intereses” ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Según registros oficiales, Cordero -en conjunto con la abogada Fernanda Skewes- sostuvo una videoconferencia el pasado 30 de abril con el fiscal de la Unidad de Investigación del organismo, Andrés Montes. La cita, según reveló T13.cl tuvo como objetivo realizar consultas relativas al Oficio Reservado UI N°400/2026, en un contexto donde el regulador ya ha emitido multas millonarias vinculadas a la administración de fondos.
Esta gestión en sede administrativa se desarrolla en paralelo a la investigación penal liderada por el Ministerio Público, que esta semana concretó la entrada y registro de la vivienda de Clark y de las dependencias de Azul Azul.
La fiscalía indaga un presunto esquema estructurado mediante el cual fondos administrados por Sartor Administradora de Fondos de Inversión Privados S.A. (Sartor AGF) habrían sido desviados para financiar entidades vinculadas a sus propios dueños. En este escenario, a Clark se le atribuye responsabilidad en presuntos delitos de negociación incompatible, entrega de información falsa y fraude por la omisión de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA).
La resolución judicial que autorizó las diligencias intrusivas advierte sobre un mecanismo de captación de recursos sustentado en información engañosa frente al regulador y al mercado, proyectando una solvencia aparente mientras los activos eran desviados a sociedades relacionadas.
Una de las aristas críticas analizadas por los persecutores es la operación del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, el cual habría sido utilizado para la adquisición del control de Azul Azul S.A.
Mientras el exministro Cordero enfocará su labor en la indagatoria administrativa debido a su perfil experto en esa área, el equipo de Clark mantendrá una representación jurídica distinta para el frente penal, donde las auditorías externas ya han revelado pérdidas que superan el 85% del valor patrimonial en algunos de los fondos bajo sospecha.
