En el marco de la cuarta jornada de la audiencia de formalización, de Joaquín Lavín León fue el turno de exponer en el tribunal de las defensas de los otros imputados, como Arnaldo Dominguez, Juan Silva y Felipe Vásquez, quienes rebatieron la tesis del Ministerio Público que los acusa de fraude al fisco.
Ayer, la defensa de Joaquín Lavín León, centró su estrategia en desvirtuar la existencia de una red organizada para defraudar al erario público. El abogado Cristóbal Bonacic sostuvo ante el tribunal, durante la jornada anterior, que las irregularidades detectadas por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente no corresponden a delitos penales, sino a una gestión deficiente de las asignaciones parlamentarias. Según la defensa, el Ministerio Público sostiene una “historia coherente con su imputación” pero que omite antecedentes fundamentales que, a su juicio, descartan el dolo en el actuar del exdiputado. Bonacic fue enfático en señalar que los hechos relatados por la fiscalía deben entenderse como “errores administrativos” propios del manejo de una oficina legislativa y no como una maquinaria de corrupción.
Respecto al uso de la plataforma “SocialTazk” y la participación de asesores parlamentarios en campañas políticas —como las de Joaquín Lavín Infante y Cathy Barriga—, la defensa argumentó que las labores realizadas se ajustaron a las funciones de apoyo territorial que permite el reglamento de la Cámara. Bonacic cuestionó la tesis de que el exdiputado actuara como un “alcalde en las sombras” en Maipú, calificando dicha imputación como una interpretación subjetiva de los hechos. Para la defensa, no existe evidencia de que los pagos a la imprenta MMG hayan constituido el desvío de un “bolsón de recursos” para fines personales, sino que correspondieron a servicios efectivamente prestados que fueron mal rendidos o documentados.
La contraparte, integrada por la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú, se mantuvo firme en la solicitud de prisión preventiva. Los querellantes insistieron en que el perjuicio fiscal, que superaría los 170 millones de pesos, se consolidó mediante una estructura de falsificación de facturas y tráfico de influencias que justifica la medida cautelar más gravosa. En particular, el abogado querellante José Pedro Silva reiteró que Lavín León instrumentalizó la estructura municipal de Maipú para sus propios fines, sosteniendo que “para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”.
La audiencia continuará durante la tarde con la réplica de los intervinientes, tras lo cual se espera que el magistrado resuelva sobre las medidas cautelares del exparlamentario. Cabe señalar que este proceso se desarrolla de manera paralela a la causa contra su cónyuge, Cathy Barriga, cuya preparación de juicio oral fue recientemente postergada para agosto de 2026 debido al “enorme caudal de antecedentes” que maneja el ente persecutor.
