En un operativo coordinado que concitó la atención en el Congreso Nacional en Valparaíso, efectivos del OS-9 de Carabineros y de la PDI hicieron ingreso este miércoles a las dependencias de la senadora Camila Flores (RN). La diligencia de entrada y registro, autorizada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso tras una solicitud de la fiscal Paola Castiglione, tuvo como objetivo la incautación de antecedentes tributarios, financieros y elementos de interés criminalístico vinculados a una indagatoria por presunto fraude al fisco. Según los antecedentes de la causa, la parlamentaria habría implementado un mecanismo conocido informalmente como la “Cuota Flores”, mediante el cual exigía a sus colaboradores la entrega de una parte de sus remuneraciones pagadas con asignaciones públicas.
El esquema delictivo, que se habría extendido desde su periodo como diputada en 2018 hasta inicios de 2025, situaría como pieza clave a su secretaria, Yolanda Olfos, quien es sindicada por los investigadores como la encargada de coordinar la recaudación de estos dineros entre el personal de la oficina parlamentaria. La fiscalía estima que el perjuicio fiscal derivado de esta práctica alcanzaría los 300 millones de pesos. La diligencia se concretó luego de que un primer requerimiento de medida intrusiva fuera rechazado en marzo, logrando ahora su aprobación tras la acumulación de nuevos antecedentes probatorios.
Uno de los pilares que permitió el avance de la causa es el testimonio de un exasesor de la senadora, identificado con las iniciales JL, quien ha prestado declaración ante el Ministerio Público en al menos dos oportunidades. El excolaborador entregó evidencia sustancial que incluye cartolas bancarias y registros de conversaciones por WhatsApp, lo que ha permitido a los persecutores realizar la trazabilidad de los flujos de dinero.
Además, el testigo vinculó a Flores con gestiones de lobby presuntamente irregulares durante la tramitación de la Ley de Reforma Notarial y Registral, apuntando a una relación de cercanía con Carlos Swett, presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores
En paralelo a los peritajes de los equipos requisados, el escenario judicial de la parlamentaria enfrentará un hito administrativo relevante este jueves, cuando el comité penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) regional de Valparaíso revise los antecedentes para determinar si el organismo se sumará a la persecución penal mediante una querella. Mientras la investigación se mantiene en desarrollo, la fiscalía continuará analizando la documentación incautada en el despacho de la senadora para establecer la magnitud total de la defraudación y las eventuales responsabilidades de otros imputados en la causa.
