Este lunes, detectives de la Brigada Investigadora Anticorrupción de la PDI ingresaron a las dependencias de la Municipalidad de Peñalolén para concretar la incautación de al menos 11 computadores, incluyendo el equipo utilizado por la exalcaldesa y exsubsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.
El operativo se enmarca en una querella presentada por la actual administración de Miguel Concha, la cual fue declarada admisible por el 13° Juzgado de Garantía de Santiago tras detectarse un forado financiero que, según auditorías externas de la firma Fortunato & Asociados, escalaría hasta los 16.318 millones de pesos a diciembre de 2024. La indagatoria, liderada por el fiscal adjunto Juan Pablo Araya, persigue establecer la existencia de una trama de defraudación y falsificación de instrumento público que habría operado mediante la proyección de ingresos injustificados y la elaboración de balances incorrectos remitidos a la Contraloría General de la República.
De acuerdo con los antecedentes de la acción judicial, el perjuicio económico se habría consolidado a través de un presupuesto sobreestimado que permitió autorizar gastos sin el debido respaldo financiero, ocultando sistemáticamente la deuda municipal para proyectar una apariencia de solidez financiera inexistente.
Además del rol de Leitao, el Ministerio Público indaga la responsabilidad del exadministrador Patricio Escobar, el exdirector de la Secpla Juan Pino Melo, y la exdirectora de Administración y Finanzas, Tamara Rubio, esta última recientemente destituida tras un sumario interno iniciado en 2025.
La querella también denuncia el uso de recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional en fines distintos a los establecidos por ley, lo que habría servido para financiar proyectos como canchas y plazas mediante el desvío de fondos destinados a otros objetivos, generando lo que el actual jefe comunal describió como una “bicicleta” financiera. Tras la entrega de los equipos, el persecutor se enfocará en el peritaje de los soportes digitales para determinar la trazabilidad de las decisiones presupuestarias y confirmar si existió dolo en la manipulación de los reportes oficiales.
