Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, liderado por el juez Daniel Urrutia, se inició este lunes la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León por una serie de delitos de corrupción pública que habrían significado un perjuicio fiscal superior a los 104 millones de pesos. La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente acusa al exmiembro de la UDI de utilizar fondos del Congreso como una “caja chica” personal y electoral entre los años 2019 y 2023.
El mecanismo: Facturas ideológicamente falsas
Según la exposición de la fiscal Constanza Encina, el imputado operó mediante la rendición de gastos parlamentarios por servicios nunca prestados. Para ello, habría coordinado con la Imprenta MMG la emisión de facturas ideológicamente falsas que posteriormente eran reembolsadas por el Congreso Nacional. La fiscalía sostiene que estos dineros no respondían a labores legislativas, sino al financiamiento de campañas políticas, particularmente la de su cónyuge, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, durante su búsqueda de reelección.
SocialTazk y el desvío de asesores
Uno de los pilares de la imputación es el desarrollo de la plataforma SocialTazk, un sistema que costó cerca de 93 millones de pesos al fisco. Aunque fue presentada como herramienta de apoyo legislativo, la investigación determinó que se trataba de una base de datos para fidelizar votantes y gestionar campañas.
Además, la Fiscalía reveló que al menos siete funcionarios pagados por el Congreso fueron destinados a realizar labores de campaña electoral. Entre los casos más graves, se detectó que los asesores Shigue Ogino, Romina Molina y Carlos Vargas cumplieron funciones físicas en la sede de la campaña presidencial de Joaquín Lavín Infante en Avenida Apoquindo 3001, mientras recibían sueldos de la cámara de diputados.
Escenario Procesal
El Ministerio Público, junto con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú como querellantes, ha manifestado su intención de solicitar la prisión preventiva para el exparlamentario, argumentando la gravedad y reiteración de los hechos de alta corrupción.
Por su parte, la defensa encabezada por el abogado Cristóbal Bonacic desestimó los cargos, calificando las irregularidades como “errores administrativos” propios de la gestión de una oficina parlamentaria y negando la existencia de dolo o fraude.
Cabe recordar que Lavín León enfrenta esta formalización sin fuero parlamentario —tras ser desaforado por la Corte Suprema en marzo— y fuera de su antiguo partido, la UDI. Si bien el máximo tribunal excluyó los delitos tributarios del ámbito penal en esta causa, la fiscalía mantiene el foco en los ilícitos contra la administración pública y el uso malicioso de instrumento privado.
Estado de la audiencia: En receso. Se espera que la discusión sobre medidas cautelares se extienda durante las próximas jornadas.
