Cinco son las personas que fueron formalizadas por el Ministerio Público por presuntos delitos de fraude al fisco, en el marco de la investigación del Caso Convenios.
Durante cuatro jornadas se extendió ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la audiencia de formalización de cargos en contra cinco personas imputadas en la arista ProCultura, del Caso Convenios.
Se trata del psiquiatra Alberto Larraín, cofundador y director ejecutivo de la ONG ProCultura; de María Constanza Gómez, representante legal de la misma; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de ProCultura; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gore Regional Metropolitano; y Gabriel Prado quien ofició como el nexo entre el Gore y ProCultura.
A todos ellos, el Ministerio Público les atribuyó participación en presuntas irregularidades en torno al acuerdo con la Gobernación Regional Metropolitana para la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate, hecho por el cual solicitó la prisión preventiva para todos, salvo para Prado, a quien solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total.
La discusión al respecto, no fue fácil, y fue gracias al trabajo de los defensores que la pretensión de la fiscalía no fue acogida y a cambio, se estableció una medida cautelar de baja intensidad: arraigo nacional.
Pero ¿Quiénes son los abogados que lograron evitar la privación de libertad de dichos imputados?
Alberto Larraín es defendido por el abogado Cristián Arias Vicencio y su hijo, Vicente.
Arias Vicencio es abogado de la Universidad de Chile y se ha especializado en materias penales, delitos económicos y funcionarios, como también en procesos civiles y sancionatorios administrativos de alta complejidad.
A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como penalista y se ha constituido en un experto en proceso penal tanto en el ejercicio profesional como en sus actividades docentes.
En el área privada se ha desempeñado como penalista y litigante en diversos estudios jurídicos. En el área pública también desarrolló una extensa carrera como litigante y penalista, iniciando su trayectoria como Abogado Jefe en la Corporación de Asistencia Judicial, posteriormente como abogado penalista del Consejo de Defensa del Estado y finalmente -en la etapa de creación de la Defensoría Penal Pública-, como Jefe de Estudios y Jefe de Unidad de Corte, entre otras funciones directivas.
En el área docente ha sido profesor de pregrado en Derecho Procesal y en postgrado en cursos sobre Proceso Penal.
Es profesor en diversos cursos de formación de la Academia Judicial y ha participado en múltiples cursos de formación de profesionales en Destrezas de Litigación, tanto del sector privado como de instituciones que intervienen el Sistema de Justicia Nacional y también en el extranjero.
En la actualidad participa activamente como miembro colaborador del Centro de Estudios de la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el área docente y de investigación.
María Constanza Gómez, en tanto, es defendida por los abogados Alejandro Alegría Villarroel y Sebastián Soto Caviedes, ambos de Riel Abogados.
Alegría es abogado de la Universidad Diego Portales, cuenta con un Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales con doble titulación en la Universitat de Barcelona y Universitat Pompeu Fabra.
Actualmente se desempeña como abogado litigante en conflictos penales, civiles y procedimientos administrativos de tipo sancionatorio. Ha intervenido en casos de diversa complejidad y connotación pública, centrando su práctica en delitos contra el patrimonio, económicos y funcionarios, así como en la confección, implementación y actualización de modelos de cumplimiento y en el desarrollo de investigaciones internas de empresas.
Anteriormente, se desempeñó en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, fue asociado en Chaves Awad Contreras & Schürmann y posteriormente en Bascuñán Barra Awad Contreras & Schürmann. Finalmente fundó y lideró, junto al Socio de Riel Abogados Ignacio Cherit, el área penal y de cumplimiento normativo de Contreras & Cía.
En el plano académico ha sido profesor ayudante del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales y ayudante en el Magíster de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Soto, por su parte, es abogado de la Universidad de Chile y Master en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra y Universitat de Barcelona, 2023.
Asimismo, cuenta con diplomados en Derecho Penal Económico en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos Legales en la Empresa en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Su experiencia se centra en la litigación penal y en el diseño e implementación de modelos de prevención de delitos a medida para cada cliente, asesorando a empresas de diversos tamaños y sectores, desde grandes empresas a fundaciones, y en rubros tales como la prestación de servicios, la construcción, proveedores industriales e industria alimentaria. Asimismo, ha apoyado a empresas en programas de integridad ajustados a licitaciones de Mercado Público.
Anteriormente se desempeñó como asociado en Chaves Abogadas y Abogados y en Chaves, Awad, Contreras y Schürmann, espacios en los que representó a personas naturales y jurídicas en una amplia gama de casos.
En su trayectoria académica, se ha desempeñado como profesor asistente de los cursos de Derecho Penal en la Universidad Central. Ha sido profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica, en el diplomado de Compras y Contratación Pública; y en la Universidad Adolfo Ibáñez, en el curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Evelyn Magdaleno fue representada por Javiera Corvalán Schindler, abogada de la Universidad de Chile y Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universitat de Barcelona.
Fue socia de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), trabajó como procuradora en Carey y como interrogadora en Abusleme Pinto Muñoz & Campos.
Fue asociada en el área de litigios penales y civiles Chaves Awad Contreras Schürmann y posteriormente se sumó al estudio BACS (Bascuñán Barra Awad Contreras Schürmann).
También trabajó en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública.
En tanto, la defensa de la exdirectora de estudios de ProCultura María Teresa Abusleme y de su pareja Gabriel Prado, fue asumida por la Defensoría Penal Pública.
