El Consejo para la Transparencia dio a conocer los resultados de una fiscalización extraordinaria realizada durante 2025, que analizó el nivel de acceso a información sobre los gastos de representación, protocolo y ceremonial ejecutados por organismos de la Administración Central y gobiernos regionales durante el año 2024.
Este miércoles, el Consejo para la Transparencia informó que hay más de $781 millones desembolsados que no cuentan con un respaldo que permita conocer el detalle de su uso.
Según constató el organismo, los gastos tienen relación con aquellos autorizados por el marco jurídico vigente previstos para la realización de inauguraciones, aniversarios, obsequios, reuniones, atención a autoridades, delegaciones y huéspedes ilustres, siempre que guarden relación con las funciones del organismo que incurre en ellos y participen sus autoridades superiores.
Sin embargo, una fiscalización extraordinaria realizada durante 2025, que analizó el nivel de acceso a información sobre los gastos de representación, protocolo y ceremonial ejecutados por organismos de la Administración Central y gobiernos regionales durante el año 2024, arrojó que existen gastos que no tienen un respaldo que de cuenta el motivo de su desembolso.
Así las cosas, respecto de los montos más altos sin que se identificara la actividad asociada, los dos organismos con la mayor cantidad de gasto con esta falencia forman parte de la Administración Central.
En primer lugar, la Presidencia de la República, en cuyos registros asociados se identificaron gastos informados solo como “servicios audiovisuales”, “arriendo de sillas” o “arriendo de microfonía”, sin detallar la actividad específica que justificó dichos desembolsos.
En estos casos, informó el Consejo, los enlaces disponibles conducen a procesos de compra que no permiten conocer el contexto del gasto.
En segundo lugar, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, donde algunos registros describen conceptos como “arreglos florales” o “abarrotes para gabinete”, sin precisar la actividad asociada.
La fiscalización también evidenció que, dentro de los gastos ejecutados en 2024, hay registros por $221 millones que no permiten identificar claramente qué bien o servicio fue contratado, precisamente porque ni la descripción del gasto ni los documentos asociados entregan antecedentes suficientes para entender su destino.
Por ejemplo, en la Armada de Chile, se detectaron gastos informados bajo descripciones amplias como “evento protocolar para atenciones” o “reunión de trabajo”, acompañadas de documentos que no permiten identificar con claridad el bien o servicio contratado.
