Las ministras Andrea Muñoz y Jessica González recibieron a la Defensora Nacional, Verónica Encina, y a la directora de la Unidad de Género de la Fiscalía Nacional, Ivonne Sepúlveda.
En el marco del convenio de colaboración interinstitucional firmado en 2022, las ministras Andrea Muñoz y Jessica González, de la Corte Suprema, recibieron a la Defensora Nacional, Verónica Encina, y a la directora de la Unidad de Género de la Fiscalía Nacional, Ivonne Sepúlveda, para coordinar diversas acciones que promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el sistema de justicia penal.
Durante el encuentro, la ministra Muñoz presentó a su par Jessica González, quien asumirá los asuntos de género en su reemplazo.
Asimismo, se abordaron temáticas vinculadas a la aplicación de la Ley N° 21.675, que exige al sistema judicial una atención basada en los principios de debida diligencia y no victimización secundaria, y de esta manera, mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género.
ACCESO MÁS EQUITATIVO
Al respecto, la máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública explicó que “adoptar la perspectiva de género es crucial para visibilizar y corregir las discriminaciones estructurales que afectan a mujeres y minorías sexuales en el sistema penal”.
Encina Vera agregó que, con ello, también se busca “un acceso más equitativo a la justicia, garantizando la protección de sus derechos, especialmente para mujeres privadas de libertad, embarazadas o con hijos, a través de defensas especializadas y capacitación, para romper estereotipos y asegurar un trato digno y libre de violencia, alineándose con políticas nacionales de igualdad”.
En la misma línea, recordó que la Ley N° 21.675, que busca erradicar la violencia de género en Chile, ha impulsado a la Defensoría Penal Pública a desarrollar protocolos internos, como el que entró en vigencia en agosto de 2024, para proteger la privacidad y honra de víctimas y denunciantes, asegurar la perspectiva de género y mejorar la coordinación interinstitucional con el Poder Judicial y el Ministerio Público, abordando nudos críticos como la debida diligencia y el acceso a justicia para mujeres en contextos de vulnerabilidad.
