Durante el fin de semana, los decanos de las facultades de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Cristina Moyano y Juan Escrig, enviaron una carta a sus pares expresando “profunda preocupación y rechazo frente a los hechos ocurridos recientemente en dependencias universitarias – uso de espacios sin autorización, vandalización de infraestructura, forzamiento de puertas, apertura indebida de muebles y oficinas, incluyendo daños y sustracción de especies institucionales -, acciones que afectan directamente el normal funcionamiento institucional y vulneran principios básicos de convivencia universitaria”.
En el mismo comunicado, los decanos advirtieron que “estos hechos fueron oportunamente informados al gobierno universitario; sin embargo, pese a las denuncias realizadas, no se han adoptado las medidas necesarias para resguardar los espacios afectados, situación que se agrava al haber sido impedido el ingreso de las autoridades universitarias a las dependencias tomadas”. Desde el viernes 25 hasta ayer lunes, las autoridades académicas no obtuvieron respuesta, mientras las denuncias por robos se extendieron a los departamentos de Matemática, Ingeniería Mecánica y Química.
Ante esta situación, la madrugada de hoy se concretó el desalojo del sector norte del campus, tras 28 días de toma iniciada el 30 de septiembre. La medida fue ejecutada por Carabineros de Chile, a solicitud del rector Rodrigo Vidal Rojas, quien informó: “es mi deber señalar que, ante los últimos hechos ocurridos y previo aviso a quienes se encontraban presentes, esta mañana hemos puesto término de manera pacífica y ordenada a la toma del sector norte del campus”.
El rector señaló que la decisión fue “difícil pero necesaria”, argumentando que la situación “se hizo insostenible”. Durante las semanas de paralización, un grupo de personas bloqueó dependencias y actividades académicas, mientras se registraron daños, robos y la destrucción de todas las cámaras de seguridad instaladas el año anterior.
Fragmentación y falta de conducción
El conflicto se originó en torno a dos demandas: la impugnación de la elección del rector y el proceso de compra del Instituto Profesional Arcos, cuestionado en el Congreso. Desde la rectoría se indicó que los estudiantes no lograron alcanzar un acuerdo interno para poner fin a la toma. Aunque la Federación de Estudiantes (Feusach) firmó un compromiso el lunes para deponerla, horas después desistió “porque no tuvo apoyo en la asamblea”.
“Dado que la federación no ha podido liderar el proceso y considerando los hechos en el marco de la seguridad del campus, fue necesario tomar la decisión informada al comienzo”, expresó Vidal.
La falta de conducción se extendió a la comunidad universitaria. Profesores y funcionarios plantearon que no se logró restablecer el orden interno antes del desalojo. En paralelo, los estudiantes movilizados difundieron mensajes en redes sociales acusando que “el rector Vidal quería sacar a los alumnos movilizados” y llamaron a “no bajar los brazos” ni “dejarse amedrentar”.
Tras el operativo, la universidad informó que el campus permanecerá cerrado y bajo resguardo policial hasta nuevo aviso. Los estudiantes, en tanto, convocaron a una nueva jornada de protesta para mañana martes.
“Es el peor rector desde el regreso a la democracia”
El debate sobre la conducción universitaria se amplificó durante la jornada. Al mediodía, el programa La Minuta en Vivo de El Desconcierto entrevistó al profesor Bruno Jerardino, académico del Departamento de Ingeniería Informática, director de la Asociación de Académicos (Asoacad) y consejero universitario. En la conversación, Jerardino afirmó que Vidal “es el peor rector desde el regreso a la democracia. Ha perdido toda legitimidad, no dialoga y su gestión está marcada por la desconexión con la comunidad universitaria”.
El académico añadió que la federación estudiantil no logró sostener una estructura de negociación, lo que profundizó la falta de liderazgo tanto en el gobierno universitario como en la representación estudiantil. “La toma – dijo – se convirtió en un reflejo de la crisis de conducción de ambas partes”.
Legitimidad en riesgo
El contexto interno se cruza con un escenario judicial y político que podría complicar la continuidad de la actual rectoría. De acuerdo con la Ley 21.094 sobre Universidades del Estado, los rectores pueden ser removidos si incurren en intervencionismo, figura contemplada en el artículo 22, letra d), cuando se vulneran los principios de autonomía universitaria y económica.
Según una publicación de En Estrado, esta posibilidad cobra fuerza tras conocerse que el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, habría intervenido en la compra del Instituto Profesional Arcos, proceso impulsado por la USACH. Si se comprobara una injerencia externa indebida, el rector podría enfrentar un procedimiento de remoción, lo que abriría un precedente en la educación estatal.
A ello se suma el fallo del Tribunal Electoral Regional (TER), que declaró nula la elección de Vidal de 2022 por la exclusión de miles de profesores por hora del padrón electoral, lo que vulneró el principio de participación democrática. La sentencia aún debe ser revisada por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que definirá la validez definitiva del proceso.
Para su defensa, la rectoría contrató al abogado Ciro Colombara mediante un trato directo por casi 100 millones de pesos. La decisión fue cuestionada durante la toma, cuando estudiantes y funcionarios denunciaron el uso de fondos institucionales para financiar una defensa personal. Este episodio acentuó las divisiones internas y reabrió el debate sobre la legitimidad del liderazgo universitario. Mientras que el sillón que hace 28 días salió volando por la ventana de la oficina del rector Vidal, sigue en venta en market place en $100 millones.
