Créditos Imagen : USACH
Un informe reservado desarrollado por académicos de casa de estudios, alerta sobre los riesgos legales, financieros y políticos de la compra del Instituto Profesional Arcos por parte de la universidad. El documento critica la presión ejercida por el subsecretario de Educación Superior, revela que el crédito inicial de $10 mil millones terminó siendo de $40 mil millones, y que el Gobierno comprometió por decreto supremo una garantía estatal de $32.100 millones. Todo esto en medio de la toma de la USACH por parte de estudiantes que exigen mayor transparencia.
Equipo En Estrado
El 18 de diciembre de 2024, el Consejo Académico de la USACH vivió una jornada inesperada. El rector Rodrigo Vidal modificó la tabla del día e invitó al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, para presentar la propuesta de adquirir Arcos. En la sesión, Orellana expuso con entusiasmo las bondades de la operación, asegurando respaldo del Estado y planteando que “otro gobierno no lo permitiría”.
El informe, al que accedió En Estrado, revela que lo que inicialmente se presentaba como un crédito de $10 mil millones terminó escalando hasta los $40 mil millones, respaldados por una garantía estatal de $32.100 millones otorgada por decreto supremo para la construcción de nueve edificios para la facultad. Este dato, afirman los académicos, constituye un punto crítico: la Contraloría podría objetar tanto el alcance de la garantía como el endeudamiento, al comprometer recursos fiscales y patrimonio universitario en una operación que no cuenta con una base legal clara.
El documento detalla riesgos en múltiples dimensiones: el financiamiento irregular de un cierre voluntario; la eventual responsabilidad de la USACH por pasivos laborales y tributarios de Arcos; los efectos en la acreditación institucional; posibles impugnaciones de títulos por rediseños curriculares acelerados; vulneraciones al debido proceso en la sesión del Consejo Académico; potenciales conflictos estudiantiles en tribunales; y la afectación de la autonomía universitaria por la presión política del Ejecutivo.
Uno de los puntos más polémicos es el papel del subsecretario Orellana. Según el informe, actuó más como “dealer” que como autoridad reguladora: presentó condiciones financieras, ofreció respaldo político y presionó con plazos fatales (“si no se aprueba, Arcos se cierra”). Para los autores del documento, esta intervención vulnera el principio de probidad administrativa y configura una desviación de poder, ya que el Ministerio de Educación no tiene entre sus funciones intermediar en compraventas entre instituciones autónomas.
El informe recomienda que la USACH solicite un pronunciamiento preventivo a la Contraloría, realice una auditoría jurídico-financiera completa a Arcos y garantice que toda decisión futura del Consejo Académico se adopte con información suficiente. Así, el documento pone en tela de juicio no solo la viabilidad jurídica y académica de la compra, sino también la legitimidad de la presión ejercida desde el Ejecutivo para concretarla, en un escenario donde la comunidad estudiantil ya ha manifestado su descontento y exige claridad sobre el destino de los recursos comprometidos.
Revisa el informe completo
