De las últimas diez noticias que el sitio Ex-Ante ha publicado en los últimos dos meses sobre el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, solo una aparece firmada. Se trata de una práctica poco habitual en medios de comunicación y que, en este caso, adquiere un matiz especial que pone en tela de juicio un posible conflicto de interés: el subdirector del portal, Alfonso Peró Vergara —ex editor de El Mercurio, ex director de prensa de Sebastián Piñera y consejero en el “segundo piso” de Cristián Larroulet— es hijo de Alfonso Peró Costabal, director de la aseguradora ASPOR, demandada por el Gobierno Regional Metropolitano en el marco del caso Procultura por una suma millonaria y sancionada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con una multa de 1.000 UF.
El conflicto entre ASPOR, el GORE RM y la CMF se remonta al programa “Quédate”, financiado en 2022 con $1.638 millones entregados a la Fundación ProCultura. Como condición, se exigió una póliza de caución a primer requerimiento por el total del monto a la Aseguradora Porvenir (ASPOR). Una póliza de este tipo implica que, si la parte beneficiaria solicita el cobro, la aseguradora o banco debe pagar de inmediato y sin condiciones, sin exigir pruebas adicionales ni esperar un fallo judicial sobre el incumplimiento. Su objetivo es otorgar certeza y rapidez: el beneficiario recibe los recursos al instante y, solo después, la aseguradora puede discutir en tribunales si correspondía o no el pago. Por eso este tipo de garantía es ampliamente utilizada en contratos públicos, donde el Estado necesita asegurar que los fondos estarán respaldados sin dilaciones en caso de incumplimiento.
Sin embargo, esto no pasó. En 2023, el convenio fue terminado anticipadamente por incumplimientos y el GORE activó las garantías. ASPOR presentó una medida prejudicial para evitar el pago inmediato, argumentando que primero debía validarse judicialmente la existencia y validez del convenio.
Por este motivo, en julio de 2024, la CMF sancionó a ASPOR con 1.000 UF por incumplir el carácter “a primer requerimiento”. La aseguradora apeló la multa ante la Corte de Apelaciones de Santiago, recurso que aún se encuentra pendiente. En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) representa al GORE en el juicio civil de cobro contra la aseguradora, proceso que sigue en curso.
La tensión aumentó en agosto de 2024, cuando el GORE emitió una circular que prohibió aceptar nuevas pólizas de ASPOR en convenios futuros. La compañía presentó un recurso de protección, rechazado en noviembre de 2024 por la Corte de Apelaciones y confirmado en marzo de 2025 por la Corte Suprema.
En cuanto a la cobertura de Ex Ante, el contraste es evidente. Entre enero y septiembre de 2024, el medio publicó apenas cinco notas neutras sobre Orrego. En octubre, antes de la elección de gobernadores, aparecieron siete artículos con un tono más crítico. Y desde noviembre, tras el fallo adverso a ASPOR en la Corte de Apelaciones, se han difundido 63 noticias, de las cuales 51 tienen un enfoque negativo hacia el GORE de la RM.
Pese a la generosa cobertura, ASPOR solo ha sido mencionada en una noticia, redactada en términos favorables para la aseguradora: allí se subraya que la empresa presentó una acción judicial contra el GORE RM para pedir la nulidad de las pólizas del programa Quédate, alegando que duplicaban programas estatales de prevención del suicidio. También se sostiene que el Gobierno Regional prorrogó pólizas sin informar la falta de avances en la ejecución del programa. Claro que esta noticia tampoco está firmada.
Por Felipe Saleh
