Se escuchan pasos cortos y decididos por los pasillos de Teatinos 56. Es Dorothy Pérez. La imagen de la Contralora General recorriendo ese edificio puede parecer menor, casi rutinaria. Pero encarna algo esencial: la persistencia de una institución que ha trascendido gobiernos, crisis políticas y vaivenes ideológicos. La Contraloría General de la República demuestra lo que ocurre cuando un país diseña instituciones con roles bien delimitados, liderazgos unipersonales responsables y una profesionalización burocrática consolidada.
Su origen no es trivial. En 1927, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se crea la CGR como una respuesta al desorden fiscal y la desorganización en el manejo de los fondos públicos. El DFL 400 bis habla sin eufemismos de “pavorosos sucesos y defraudaciones”. En un país con un Poder Judicial frágil y una política polarizada, era necesario una entidad que actuará como el guardián de la legalidad administrativa. Una conciencia técnica del Estado.
Desde entonces, la Contraloría ha asumido una función clave: controlar el poder desde dentro de la administración. Es un contrapeso incrustado en el aparato estatal que ejerce funciones como la toma de razón de decretos, la emisión de dictámenes, la fiscalización del gasto público, los juicios de cuentas y la vigilancia del cumplimiento del Estatuto Administrativo. Pero no es un tribunal ni un órgano deliberativo. Es burocracia en estado puro: técnica, jerárquica, apolítica.
Ahí radica su poder. Como explica Cristina Haruţa en su ensayo sobre burocracia y formulación de políticas públicas, los burócratas no son meros ejecutores: tienen discrecionalidad, estabilidad y conocimiento especializado. Su legitimidad no proviene del voto, sino de la ley, la técnica y la continuidad.
En Chile, la CGR ha actuado como ese “cuarto poder” silencioso. Lo hizo al consolidar una doctrina sobre contrataciones a honorarios que obligó a regularizar miles de situaciones laborales. Lo ha hecho al fiscalizar fondos regionales y declarar la ilegalidad de bases de licitación, en hacer ver el uso malicioso de licencias, etc. Son actos con impacto político, pero nacen de una institución que no hace política.
Su condición unipersonal refuerza esta singularidad. El Contralor General dura ocho años en su cargo y tiene autonomía constitucional. No responde ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Su fuerza está en garantizar continuidad institucional y ejercer su rol sin interferencias.
Desde la teoría, autores como Goodsell, Meier y Denhardt destacan el valor de burocracias fuertes. Lejos de amenazar la democracia, la sostienen: aseguran que las decisiones democráticas se ejecuten conforme a derecho. La memoria institucional, la eficacia y la imparcialidad son sus contribuciones.
En Chile, pocas instituciones gozan de tanta confianza ciudadana como la Contraloría. Mientras otras se debaten entre el clientelismo o la desconfianza, la CGR conserva una imagen de rectitud. Su misión es clara, su acción definida y su liderazgo, con más o menos a lo largo de los años, estable y firme. Es, por decirlo de alguna forma, la última isla de esperanzas de muchos náufragos de la burocracia de la mala, que ahoga.
Hoy, a las puertas de su centenario, la CGR enfrenta nuevos desafíos: tecnología, complejidad normativa, presión mediática y judicialización de la política. ¿Debe limitarse a auditar legalidades formales? ¿O ampliar su acción a materias de mérito administrativo?
Mi convicción es clara: su fuerza está en su contención. En hacer lo que nadie más puede hacer. En su apoliticidad, su fidelidad a las formas, su cultura de servicio. No necesita protagonismo para ser esencial.
Cuando las instituciones cumplen su cometido, esos pasos discretos en los pasillos del poder generan un eco profundo. Un eco que, con el tiempo, se convierte en bienestar para quienes habitamos este país. Porque el control no es un fin en sí mismo: es una garantía. Y la garantía más firme es la que se ejerce con firmeza, pero sin estridencia.
Francisco Javier González Cruz, socio de González y Guzmán abogados
