El 17 de junio, ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, los abogados Luis Felipe Contreras y Rodrigo Castro, en representación de un ciudadano checo, interpusieron una querella por apropiación indebida “sin perjuicio de otros delitos que se descubran durante el desarrollo de la respectiva investigación, atendida su intervención delictiva a título de autor directo e inmediato”, en contra de su colega Ariel Wolfenson Rivas, autodenominado en redes sociales como “el mejor abogado de Chile”.
¿La razón? La inexistencia de los servicios por los cuales fue contratado por el ciudadano extranjero, quien desembolsó un total de $29.246.528 hacia la cuenta bancaria del ahora querellado.
De acuerdo a la acción judicial, la víctima pretendía comprar un terreno en el sur de Chile, específicamente en la región de Aysén, para asentarse junto a su pareja, también de nacionalidad checa. Para ello, agrega el documento, el querellante estudió y seleccionó una empresa que le ofreciera modos y tipos de construcción que fueran respetuosas del medio ambiente y cuya modalidad de trabajo y proyectos fueran también armoniosos con la naturaleza y el medio ambiente del lugar.
“Una vez que tuvo en su poder la información necesaria de la empresa que construiría su proyecto, la víctima tomó contacto con especialistas en Chile que le guiaran y asesoraran en el proceso de búsqueda y adquisición de un predio o terreno en la región de Aysén donde fundaría su iniciativa”, detalla el libelo, agregando que fue en este escenario que tomó contacto con Wolfenson Rivas “motivado por el equipo profesional informado, por los premios y reconocimientos profesionales que el querellado exhibe en su página web”.
Posterior a ello, una serie de correos electrónicos y transferencias bancarias ocurrieron entre abril y mayo, lo que terminaría con evasivas por parte del Ariel Wolfenson, quien informó a su entonces cliente, la imposibilidad de concretar la compra de los terrenos debido a problemas en la subdivisión, gravámenes ambientales y un mandato notarial insuficiente.
“Como es obvio, la víctima de manera reiterada solicitó la íntegra devolución de los dineros transferidos al querellado, cuestión que no ocurrió. Hasta la fecha, ni los servicios encomendados al abogado querellado fueron prestados; ni los dineros transferidos a la cuenta de su compañía han sido devueltos, a pesar de la expresa solicitud de la víctima. Así, solo considerando las transacciones efectuadas al querellado es posible estimar la existencia de un perjuicio económico equivalente a 31.180 USD equivalentes el día de hoy a $29.246.528”, detalla la querella.
