Stormy Daniels, alias de Stephanie Clifford, una exestrella pornográfica, es la clave del caso por el que Donald Trump ha sido indagado, convirtiéndose así en el primer exmandatario de su país en enfrentar cargos criminales. Un gran jurado en Nueva York lo ha imputado por el pago durante la campaña presidencial de 2016 para silenciar a Daniels, que asegura haber mantenido una relación extramatrimonial con él. Daniels afirma que aceptó US$130.000 del entonces abogado de Trump, Michael Cohen, antes de las elecciones a cambio de su silencio. El pago en sí mismo no sería ilegal, pero al parecer Trump lo registró como un gasto de sus negocios. El problema es que en Nueva York falsificar información relativa a los negocios es ilegal. El ex presidente niega las acusaciones y considera que es víctima de una “persecución política”, pues también está siendo investigado por otros casos y que planea ser candidato de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
Sobre su situación, Donald Trump a través de un comunicado ha señalado que “lo que han hecho los demócratas es impensable: imputar a una persona completamente inocente en un acto de patente interferencia electoral. Nunca antes en la historia de nuestro país había sucedido algo similar”.
El Fiscal del caso es Alvin Bragg, el primer afroamericano que llega a ser fiscal de Manhattan, quien en un breve comunicado de cuatro líneas, confirmó la imputación que aún “permanece bajo sello” y agregó que “hemos contactado con el abogado del señor Trump para coordinar su entrega en la oficina de la Fiscalía de Manhattan”.
