Trabajos sin pagar, acusación de apropiación indebida de materiales y un contratista imposible de ubicar, son parte de un entramado vinculado a la construcción de esta vía. En los últimos días, ambas partes se sentaron a conversar sobre una posible salida.
Un desconocido conflicto legal existe en torno a la construcción de la Autopista Vespucio Oriente. Se trata de una querella por estafa, así como una millonaria deuda, que acusa uno de los subcontratistas de la obra. Se trata de la empresa ST GROUP SPA, que estuvo encargada de la fabricación e instalación de escaleras de emergencia en la autopista.
La primera de estas acciones legales fue presentada por Ignacio Herrena, a nombre de la empresa ST Group SPA, en contra de Javier Saiz Maza y Nelson Tramón Cárdenas, quienes son parte de la firma contratista de la Constructora Vespucio Oriente (CVO). La acción legal es por el delito de apropiación indebida y estafa.
La querella plantea que Herrera fue contactado por el ciudadano español Saiz Maza para la construcción de 30 escaleras. Luego, menciona que “el querellado Javier Saiz Maza siempre se refirió a mí como un colega y futuro socio, donde me ofreció grandes contratos, ya que él aseguraba tener muy buenos contactos en las altas esferas de la empresa constructora CVO y esto le aseguraba ganar todos los llamados a licitación. Él recalcó que nos ayudaríamos recíprocamente y que él contaba con todo el apoyo de CVO para llevar a cabo los proyectos sin problemas. Sin embargo, una vez que firmamos el contrato para que mi representada construyera las cinco primeras escalas de emergencia, fue él quien puso todo tipo de trabas para evitar que el proyecto que se me había encargado no se pudiese cumplir a tiempo”.
De acuerdo al documento, luego de que la empresa de Herrera ya había instalado dos escaleras, se enteró de que Saiz Maza se encontraba realizando una serie de maniobras para sacarlo de la obra y quedarse él con todas las ganancias. Este objetivo, finalmente, fue cumplido y Herrera quedó fuera del proyecto. Sin embargo, quedaron una serie de pagos que no se realizaron, pero, además, se acusa que se apropiaron indebidamente de todos los materiales que había comprado Ignacio Herrera para la ejecución de las escaleras, toneladas de hierro y acero, entre otros materiales, y que hoy son objeto de disputa legal.
Ignacio Herrera en la construcción del túnel.
El Doctor Marcos Celli, abogado demandante, especializado en Derecho Internacional y mediaciones contractuales, indicó que “nos contrata el señor Ignacio Herrera, porque tiene un problema contractual con una empresa que se llama Saiz Masa, que era una empresa contratista de la obra pública de la Autopista Vespucio Oriente y cuya empresa principal es CVO”.
Celli explicó que, junto a la querella penal, “estamos en una etapa prejudicial contra CVO, porque estamos convencidos, después de un análisis del caso que nos plantea Ignacio, que CVO como empresa principal tiene una serie de responsabilidades y obligaciones para con la empresa contratista y la empresa subcontratista”.
El profesional relató que “a Ignacio Herrera se lo contrata para hacer unas escaleras de escape en la concesión de la autopista. Ignacio, más allá de hacer el trabajo para el cual fue contratado, tuvo que realizar trabajos adicionales, como las piezas gráficas y diseños cómo deberían ser las escaleras. En principio, esa información se la debería haber entregado Saiz Masa. Ignacio Herrera, para hacer correctamente su trabajo, contrató los ingenieros correspondientes, que hicieron esos cálculos. Se preocupó de conseguir los proveedores del material, de conseguir el dinero para financiar esas escaleras. En definitiva, en un momento dado la empresa Saiz Masa lo desvincula de la obra, pero no termina de pagar las escaleras, el material, el financiamiento y otras situaciones que Ignacio Herrera ya había entregado. Es decir, Ignacio entregó y monto las escaleras, y además se apropiaron indebidamente del resto del material que Ignacio Herrera había comprado, que luego Saiz Masa la utilizó y las colocó en las obras de CVO”.
En otras palabras, para el abogado, “CVO tiene en su propiedad unas escaleras que hoy son de Ignacio, porque nadie se las pagó. Y no hablamos solo de las ST GROUP SPA montó en la autopista, sino también, las que, luego del retiro indebido de la empresa de Ignacio Herrera, continuaron realizando y montando con material que es propiedad de mi cliente”.
La ruta del dinero
Además de la querella, el subcontratista se encuentra en conversaciones con CVO. “¿Por qué? Porque hoy es imposible encontrar a gente de Saiz Masa, pues se nos indicó que se fue de Chile. Es una empresa española”, indica Celli.
Así, explica el jurista, “no nos podemos quedar solo con Saiz Masa. Ignacio Herrera tiene una Pyme, no es una mega empresa constructora, y de esa pyme comen muchas familias. E Ignacio tuvo que sacar de su bolsillo para pagar a cada uno de sus empleados, y abonar a los proveedores de materiales, Ante el no pago de las facturas que le debían, tuvo que autofinanciarse y así cumplir con sus obligaciones con sus clientes. Financiera y emocionalmente ha quedado devastado”.
Para el abogado, “estamos convencidos de que el reclamo es totalmente justo. Por este motivo, se le trasladó al Ministerio de Obras Públicas y a las dos comunas participantes, que son Las Condes y Vitacura, la situación. Se han hecho partícipe a todos los intervinientes. No olvidemos que esto es una obra pública, fallaron todos los organismos de control que debe tener una obra de esta magnitud. El MOP debió haber tenido un fiscalizador en la obra, al igual que los controles por parte de la empresa principal que es CVO debieron ser más concisos, y de esta manera, evidenciar que estaba pasando algo extraño entre la empresa Saiz Maza y la empresa de Ignacio Herrera, entre otras. De hecho, Ignacio tiene en su poder una serie de certificados, como es el de la calidad de los materiales, y el más importante, el de la compra de los materiales que fueron apropiados indebidamente, que CVO tiene la obligación de solicitárselos a la empresa contratista -Saiz Masa- para desembolsar los certificados”. Esto, indica, nunca ocurrió.
Marcos Celli se especializa en servicios jurídicos internacionales.
“Los delitos se pueden cometer por acción u omisión. Si la empresa CVO ‘omitió’ pedir estos certificados o las documentaciones pertinentes que, por obligación, debe solicitar a una empresa contratista para liberar los fondos de un certificado y, de todas maneras, liberó el pago, podríamos estar en presencia de un delito por omisión”. Además, aclara el jurista, “mi cliente cuando inició la querella criminal contra Saiz Maza, avisó formalmente a las autoridades de CVO. Ellos, ante este aviso, deberían haber suspendido de manera inmediata los pagos a Saiz Maza. Por el contrario, hicieron caso omiso del aviso y considerando que estamos hablando de fondos públicos, también podría configurarse un delito de malversación de caudales públicos, entre otros ilícitos”, explicó el abogado.
En los últimos días, las partes han tenido un acercamiento. Así, se realizó una reunión entre el gerente legal de CVO, Sebastián Godoy, y la parte que reclama el pago. Celli entregó detalles de esta cita: “El abogado de CVO, como buen abogado, quería encarar por el lado de la responsabilidad solidaria que tienen las empresas principales. Pero la responsabilidad solidaria es solo con los empleados de la empresa contratista”.
Así, la tesis de los reclamantes es otra: “Hay múltiples responsabilidades de la empresa principal. No es solo la responsabilidad solidaria. Tenemos, por ejemplo, la responsabilidad concurrente, que es cuando no hay posibilidad de cobrar a una de las empresas que participa en una obra, se le cobra a la que está en condiciones de saldar la deuda. Justamente, para estos casos es que la empresa principal tiene la obligación de descontar en cada pago que hace a la empresa contratista (Saiz Maza) un porcentaje denominado “Fondo de Garantía o de Reparo”. Este porcentaje de dinero se utiliza para subsanar cualquier inconveniente que sea ocasionado por la empresa contratista y que pueda afectar a la empresa principal o a la misma obra. Además, lo que se reclama a CVO, y que también se reclamará al MOP, es el tema de las obligaciones que tiene la empresa y los organismos para una empresa contratista. Especialmente, por una obra pública, porque no olvidemos que las obras públicas se hacen con los fondos del Estado”.
En este sentido, Celli señaló que “se ha solicitado la ampliación de la querella criminal. Se ha pedido la ampliación para toda persona física o jurídica, que directa o indirectamente participó, por acción u omisión, para que la empresa Saiz Masa pudiera apropiarse indebidamente de los materiales y no realizar los pagos correspondientes”.
Consultado de esta situación, el abogado de CVO, Sebastián Godoy, indicó que “se hace presente que Constructora Vespucio Oriente S.A. ha cumplido debidamente con todas sus obligaciones legales para con sus contratistas y subcontratistas. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que esta sociedad no posee ningún tipo de vínculo contractual con ST Group”.
En total, Celli y Herrera solicitan un pago de 165 millones de pesos. “Estamos en una etapa de negociación y ese monto se puede reducir y el abogado Sebastián Godoy, de CVO, ya lo sabe e iba a trasladar este problema junto con la propuesta a las altas esferas gerenciales de la empresa CVO para que ellos pudieran tomar una definición. El abogado comentó que ”estamos muy esperanzados porque encontramos una excelente predisposición por parte de CVO, creo que está dentro de las posibilidades de la empresa solucionar este problema en esta instancia y que no pase a mayores, ya que buscaremos por todos los medios recuperar, no solo lo adeudado, más intereses, más costas, sino también, los materiales, sin importar si estos están montados en la autopista. La ley nos ampara”.
- En una primera versión, la nota fue titulada con Autopista Vespucio Oriente. Sin embargo, desde la concesionaria indicaron que este conflicto está relacionado a la construcción de la vía, de la cual ellos no tuvieron parte por ser una sociedad independiente de la constructora.
