Créditos Imagen : Fiscalía de Chile
Francisco Bravo López es el Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales y Marcelo Leiva Peña es el Director de Asuntos Legislativos de esta institución.
Mañana jueves el pleno de la Convención Constitucional va a analizar las propuestas de normas sobre el Ministerio Público, al respecto hemos conocido la opinión de la academia, la que de forma virtualmente unánime coincide en señalar los graves problemas e inconveniencias que implicaría traspasar las funciones directivas superiores de la institución a un ente colectivo. También usuarios del sistema penal, como la Defensora de la Niñez, querellante en causas en que las víctimas son niños y niñas vulnerables señaló: “…sorprende que se proponga una modificación tan contraria a los objetivos que dice perseguir, solo logrará, de prosperar, agudizar espacios de ineficiencia en la persecución penal perjudicando severamente a víctimas” opinión crítica coincidente con la expresada también públicamente por los fiscales Ximena Chong y Emiliano Arias.
Esperamos que el rechazo transversal de la señalada propuesta se refleje en la decisión del pleno, lo que permitiría su reformulación, similar segundo análisis que estimados se debería realizar respecto de aquella norma que regula a los fiscales adjuntos, al respecto creemos indispensable:
1.- Que se precise que su funciones son autónomas respecto de personas externas a la institución.
2.- Que se incorpore, dentro de los requisitos para acceder al cargo, que los postulantes hayan aprobado un proceso de formación.
3.- Que se establezca una carrera funcionaria dentro de la institución, que permita una mejora continua de conocimientos y capacidades en el ejercicio de sus funciones al servicio de la comunidad.
No obstante lo indicado, dentro del trabajo de la Comisión respectiva hay propuestas de normas destacables y que deberían ser aprobadas, como aquella que regula el cargo de fiscal regional, aumentando los requisitos técnicos e imposibilitando la reelección.
Diariamente en la Convención Constitucional se están tomando definiciones respecto de importantes áreas de nuestra convivencia, pero la correcta implementación de todas ellas necesariamente requiere una sociedad en que las investigaciones de delitos y la persecución de los responsables esté en manos de una institución estatal sólida y eficiente, y para ello es indispensable no desatender la opinión coincidente de los expertos técnicos y académicos.
