Las tres instituciones firmaron un convenio. El defensor nacional, Carlos Mora, dijo que la justicia no es igual para hombres que para mujeres. “Lamentablemente, aún existen muchas brechas e inequidades para que las mujeres logren que el sistema de justicia penal las escuche y logre ver las dificultades que tienen para ejercer sus derechos básicos”, aseguró. En tanto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, indicó que investigarán y darán protección a víctimas y testigos con perspectiva de género.
En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, el defensor nacional, Carlos Mora Jano, y el fiscal nacional, Jorge Abbott Charme, firmaron un convenio de cooperación conjunta en el cual se comprometen a promover, proteger y respetar los derechos de las mujeres en el acceso a la justicia penal.
Durante la actividad, que se realizó esta mañana en el Salón de Honor de la Corte Suprema, las máximas autoridades del sistema de justicia penal acordaron mantener una relación permanente de cooperación en materia de igualdad de género. En este sentido, resolvieron implementar acciones que estén orientadas a incorporar la perspectiva de género en sus funciones institucionales, desde un enfoque de derechos humanos.
En la oportunidad, el defensor nacional destacó que la justicia no es igual para hombres que para mujeres. “Lamentablemente, aún existen muchas brechas e inequidades para que las mujeres logren que el sistema de justicia penal las escuche y logre ver las dificultades que tienen para ejercer sus derechos básicos”, indicó Mora.
Explicó que, en este aspecto, las mujeres deben enfrentarse a distintas situaciones, “como lo son los prejuicios de quienes operan el sistema penal, que impiden que los relatos de las mujeres sean escuchados correctamente, lo que lleva a que sus versiones no sean consideradas creíbles, sean tratadas como culpables antes de que se juzgue su caso, sufran violencia física y humillaciones y, en algunos casos, tengan que abandonar sus estudios y/o trabajo”.
Agregó que en el caso de las privadas de libertad, los efectos son aún más devastadores: la evidencia indica que a muchas les cuesta encontrar trabajo y que pierden también sus lazos afectivos y el cuidado personal de sus hijas e hijos.
Respecto del convenio, Mora precisó que es urgente buscar nuevas soluciones y que para ello es necesario una colaboración interinstitucional. “Por eso son tan relevantes las instancias que ha generado el trabajo conjunto de la mesa que hoy se institucionaliza. Porque los estereotipos y dificultades que tenemos son comunes. No sólo desde el desconocimiento que existe sobre estos temas y la necesidad de capacitación en torno a ellos, sino también porque la experiencia de las instituciones es muy útil para avanzar”, enfatizó.
Por su parte, el fiscal nacional, Jorge Abbott, indicó que “en el caso de nuestra institución, nos comprometemos a investigar, ejercer la acción penal pública y a dar protección a víctimas y testigos con perspectiva de género. Asimismo, nos comprometemos a compartir buenas prácticas que detectemos en nuestras instituciones en la materia, lo que se concreta a través de la realización de estudios en conjunto, traspaso de información y análisis de estadísticas”.
En tanto, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, expresó que “confío en que este convenio facilitará el trabajo coordinado de nuestras instituciones y ayudará a que brindemos un acceso a la justicia de mayor calidad a todas nuestras personas usuarias”.
