Por Patricio Rosas Ortiz. Profesor de Criminología en la Universidad de Chile. Doctorando en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Cíclicas menciones en diversas manifestaciones de los medios de comunicación, en pantalla o papel, y mayormente exacerbadas en tiempos electorales, donde las agendas programáticas securitarias saben explotar desde los miedos y pavores sociales, las bien trabajadas, o mal satisfechas, sensaciones de inseguridad e impunidad; Cíclicas menciones en referencias a la invasividad de la muerte, literalmente a manos de las armas de fuego, cobrando las vidas de niños, niñas, adolescentes, que juegan, miran o duermen, como víctimas inocentes. O de adultos, apellidados en sus roles, delincuenciales o policiales, o transeúntes de vía, compradores en ferias o recién llegados de vacaciones, cerca de sus casas, o lejos de sus países de origen, pero todos alcanzados por el uso de los objetos letales de cañón horadado.
La respuesta ofrecida y exigida, desde la reacción social formal frente a la conducta desviada, que encuentra su expresión emblemática en las políticas públicas criminales, (sustantiva y no adjetivamente llamadas así), sigue manifestándose, en frenética reactividad.
Al tiro. Tal como una de nuestras expresiones cotidianas más características y frecuentes, en este mes de enero de 2022, inusual fecha estival, de intentos vacacionales en tiempos de aumentos virales pandémicos, hemos sido sorprendidos con la casi simultánea presentación por el Gobierno casi saliente, de un Proyecto de Nuevo Código Penal (a sustituir el de 1874) y la publicación de la Ley 21.412 que “Fortalece el Control de Armas”.
Así, en más o menos artículos, presenciamos una exacerbación normativa en aumentos de pena, dificultades de acceso a beneficios alternativos a las penas privativas de libertad, prisión preventiva asegurada en fase investigativa, pesquisas criminales meramente reconstructivas en la esperanza de no engrosar los casos archivables por falta de identificación del imputado ignoto, aumento de facultades intrusivas en tiempos de discusión de reformas o rediseños institucionales-policiales, con especial mención al uso de armamento letal en aquellos casos relacionados con violencia rural, y represión de manifestaciones sociales, en el uso de armamento mal llamado “no letal”, que han devenido en civiles fallecidos, atropellados, ciegos, tuertos y otros heridos, en una de las funciones contingentemente cuestionadas, referidas al control del orden público.
Peculiar interés despierta, en consecuencia, y en clave urgente y contingente, profundizar desde la constatación y hacia la investigación, en la descripción de la problemática de nuestro extremo geográfico, en aquellos tópicos comunes y compartidos, relativos al Control de las Armas de Fuego, en su indisoluble e indivisible vinculación con la manifestación de la violencia armada, especialmente las conductas homicidas, en una de las paradigmáticas funciones contemporáneas de control social, y como cruzan, de manera más o menos intencionada, los contextos de violencia social, a nivel nomotético e ideográfico, pero asimismo las funciones de control del orden público, hacia la persecución de la delincuencia, en el cuestionamiento de la existencia e identificación de una política pública, en la selectividad de lo que se investiga y a quienes se investiga, en núcleos culturales carenciados-urbanos latinoamericanos como los nuestros, en reflejo de variable interacción con las posibilidades de control social de seguridad, como reacciones sociales formales frente a la conducta desviada, tanto desde las políticas de control de objetos de peligro, e identitarios a nivel de sujetos, como de la reacción ante la flagrancia y feliz coincidencia de hallazgos inevitables constitutivos de delito.
En proyección, y en consideración de un contexto de notable avance tecnológico, dos propuestas temáticas cruzarán el desarrollo en estas columnas, desde una basal descripción, en la fragmentación del presente articulado y sus secuelas:
Primero, la relación constatada entre Homicidios y Armas de Fuego, que obliga a poner la mirada prioritaria en su vinculación y necesidad de abordaje urgente.
Segundo, los problemas persistentes y de cíclica observación, que cruzan el (des) control de política pública sobre los artefactos armados, que deben apreciarse como comunes a las naciones del Sur Global.
Finalmente, e imbricado en relación a las dos anteriores, los mínimos comunes que debería conllevar una acción coherente hacia un modelo de control público.
Una atrevida sintetización a nivel de frases, que empujan a una provocación hacia la discusión, en plena transición de autoridades políticas, y con las escasas evidencias disponibles, en nuestra esquizofrénica confrontación estadística, de frecuencias delictivas que disminuyen, pero de sensaciones de inseguridad que aumentan, ofrezco (para desarrollar en breve) las siguientes:
- Los casos de Homicidios, y las víctimas fatales, desde 2016 a la fecha, a nivel nacional, y con preocupantes concentraciones, van al alza, en frecuencia y en tasa.
- El incremento del uso de armas de fuego en tales Homicidios, a nivel nacional y en mismo período, se ha incrementado casi un 60%.
- En algunas regiones, las armas de fuego representan hasta un 60% de los medios que se usan para matar personas. Incluso en comunas como La Pintana y Quilicura, llegan a un 70% de los medios comisivos para la muerte.
- En una muestra recogida por el autor, de las armas de fuego incautadas y recuperadas en sitios del suceso para uso delincuencial, en investigaciones penales, más del 80% corresponden a armas de fuego inscritas por particulares, que no fueron fiscalizadas oportunamente y que estaban en un lugar y en manos de, quienes no debían tenerlas. Ello obliga a concentrarse y sin distracciones, por la magnitud de lo constatado, en las armas de fuego de fabricación industrial (no artesanales ni modificadas) e inscritas por particulares (sin perjuicio de su posterior desvío)
- Lo que se viene extrayendo de circulación delictual (armas incautadas, y recuperadas por entrega voluntaria), en aras de disminuir la disponibilidad potencial de armas en manos criminales, preocupantemente no logra compensar a nivel de balance, con las armas que ingresan al mundo de la violencia armada (armas sustraídas, extraviadas, en desvío de su destinación original o declarada), generando en arrastre una inevitable mayor facilidad de alcance de armas y,
- Se requiere de una propuesta de control de armas de fuego, como parte de una política criminal intencionada y decidida, más allá de lo normativo-legal, que considere mínimos comunes en tres ejes, ingreso/control/extracción, que no sólo dejarán de manifiesto la ineficacia e ineficiencia del actual sistema de (des) control de elementos peligrosos, sino que serán desarrollados por el autor.
