Del total de 846 docentes que recurrieron al tribunal internacional, solo 660 quedan con vida. El resto, falleció esperando que Chile cumpliera fallos judiciales que ordenaban pago de la denominada “deuda histórica”.
Los abogados Ciro Colombara y Giampiero Fava representaron a los profesores y herederos que demandaron al Estado por la deuda que se arrastra desde hace casi 30 años, mientras que Alexandra Orrego estuvo a cargo de reunir a los docentes que decidieron demandar al Estado.
Justicia que tarda, no es justicia. Una frase que por décadas resuena en la vida de 846 profesores y profesoras que en la década de los 80 vieron como sus asignaciones previsionales quedaban impagas tras ser traspasados a los municipios, hecho conocido como la deuda histórica.
Una tardanza que tiene consecuencias y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos zanjó hoy tras dar a conocer su sentencia, tras siete meses desde los alegatos finales en mayo pasado, en el marco del proceso que lleva casi 16 años en el sistema internacional de justicia.
Los docentes fueron representados por los abogados Ciro Colombara y Giampiero Fava quienes patrocinaron la demanda contra el Estado de Chile por el incumplimiento de 13 fallos judiciales ejecutoriados entre 1993 y 1997 que ordenaban el pago. Al día de hoy, la cifra de asignaciones impagas alcanzaba los $72 mil millones. Mientras, Alexandra Orrego fue quien estuvo a cargo de reunir a los docentes que decidieron demandar al Estado.
Actualmente, al momento de conocer la sentencia, de los 846 profesores demandantes, solo 660 están con vida. “Durante estos casi 30 años han muerto el 20% de ellos. Son adultos mayores, golpeados por pensiones miserables y, hoy día, por la pandemia. Son ciertamente un grupo vulnerable”, explicó al respecto el abogado Ciro Colombara, a cargo de la representación de los peticionarios quienes viven en Chañaral, Vallenar, Parral, Cauquenes, Chanco y Pelluhue.
Incluso, al 30 de mayo habían fallecido 185. De los peticionarios, 324 tienen entre 70-79 años. Mientras que 146, más de 80 años.
Maniobras dilatorias
¿Cuál ha sido la posición del Estado? Dilatar y eludir el cumplimiento de las sentencias, privando a las municipales de los fondos para cumplir con los pagos al que el Estado había sido condenado, según explicaron los demandantes, quienes agregaron que, durante la tramitación del proceso internacional, llevó a las víctimas a participar en solución amistosa, lo que paralizó en muchos años el avance.
“Hubo mala fe del Estado, nunca hubo voluntad real de avanzar en un acuerdo. Incluso, en la etapa final el Estado pidió prórroga para hacer un planteamiento a los docentes, lo que nunca hizo. Y cada día y mes fallecían peticionarios”, señaló Colombara.
Por su parte, el abogado Giampiero Fava indicó que “el incumplimiento de las sentencias es un hecho grave en un Estado de Derecho. Y en este caso se debe exclusivamente a la falta voluntad del Estado de Chile para proveer los recursos necesarios a fin de remediar esta injusticia”.
En tanto, Orrego aseveró que “es una violación flagrante del debido proceso por plazo razonable, propiedad de las víctimas y la protección judicial esta. Los profesores y profesoras han sido hasta ahora espectadores de los hechos porque por mucho tiempo vieron como el poder dictatorial alteró dramáticamente la forma de administración de la educación y ahora ven como el Estado democrático deja de restituir los montos que le fueron sustraído hace más de 40 años. Hoy, por fin, podemos decir que hay un avance, pero no una victoria, pues lamentablemente tuvimos que recurrir a tribunales internacionales para que Chile cumpla con su deber”, concluyó.
