Raúl Palma Olivares es abogado, diplomado en derecho procesal penal y magíster en criminología. Actual Defensor Regional de Atacama. Se desempeñó como asesor jurídico en la Gobernación Provincial de Chañaral, ciudad donde también ejerció como notario suplente y juez de letras (s). Inició su carrera en la Defensoría Penal Pública en 2003, como defensor local de Chañaral y Diego de Almagro, elegido mediante concurso público. Luego asumió, en 2005, como asesor jurídico en la Defensoría Regional.
Sin duda el debate constituyente es el hito más significativo en nuestro país de las últimas décadas y ningún ámbito de la vida nacional está exento de la reflexión por una nueva Constitución.
Luego de 21 años de la Reforma Procesal Penal en Chile, el análisis general es que ha sido una política publica exitosa, por cuanto ha democratizado y abierto a la ciudadanía con altos estándares de eficiencia una justicia que hasta el año 2000, era anacrónica, desigual para las personas más vulnerables, opaca, susceptible a la corrupción y poco eficiente. Sin embargo, sabemos que el actual sistema de justicia penal no está exento de problemas y las críticas ciudadanas reclaman mayor eficiencia en la persecución penal y policial, mayor protección de los DDHH en el proceso desde la detención, diálogo con la población, accountability de las instituciones, una política carcelaria respetuosa de los derechos de las personas, entre otras.
En una nueva Constitución se deberá definir qué tipo de país queremos y el tránsito hacia un estado social y democrático de derecho, junto con la definición de lo plurinacional para luego traducir aquello en principios básicos y en la concreción de derechos civiles, políticos y, sociales, además de la definición de la institucionalidad y la organización del estado.
En el ámbito de la justicia penal será necesario incorporar definitivamente los estándares internacionales de DDHH como norma nacional vigente y consagrar un plexo normativo de garantías judiciales suficientemente robusto, por ejemplo, el derecho fundamental a la libertad, el principio de inocencia, el derecho a guardar silencio, que aseguren la efectiva protección de los derechos de las personas sobre todo de grupos vulnerables. Para ello se requiere una institucionalidad protectora de estas garantías individuales, donde la autonomía de la Defensoría Penal es fundamental para el equilibrio del sistema y el acceso real a la justicia. Además, será importante avanzar en límites a la prisión preventiva, en justicia penitenciaria, en perspectiva de género, en multiculturalidad, en lenguaje accesible, en reinserción. El desafío es amplio.
