Por Agustín Walker Martínez. Abogado. Diplomado de Derecho Penal de la Universidad de Talca.
No es mucha novedad decir que, en Chile, las personas se sienten inseguras y tienen temor a la delincuencia. En 2020, el 84,3% de las personas percibía que en los últimos 12 meses había aumentado la delincuencia, en circunstancias que ese mismo año la tasa de victimización había disminuido más de 4 puntos porcentuales (ENUSC, 2020). Otras cifras de este año muestran que más de un 20% de la población tiene un temor alto a la delincuencia, mientras que sólo un 9,2% tiene un temor bajo a la misma (Paz Ciudadana, 2021). Así, la delincuencia es sin duda alguna un elemento central en la toma de decisiones (tanto políticas o estructurales como cotidianas) de los ciudadanos/as, y se encuentra claramente disociada de las variaciones efectivas de la delincuencia, actuando como una variable independiente. Pero ¿a qué responde ese temor permanente? ¿Qué se ha hecho y qué se puede hacer al respecto?
Hace ya varios años, el PNUD en un estudio cualitativo sostuvo que “los chilenos suelen asociar espontáneamente inseguridad con delincuencia” (PNUD, 1998), siendo el miedo al otro un elemento central en las relaciones interpersonales de los ciudadanos/as. Este estudio concluye que la inseguridad de los/as chilenos/as viene de 3 fuentes: Primero, de la asincronía entre los procesos de transformación económica e institucionales y la subjetividad de los ciudadanos; en segundo lugar, la insuficiencia de políticas de seguridad vinculadas no sólo a la delincuencia sino a la desigualdad de oportunidades y la incertidumbre de acceso a prestaciones como educación o salud; y al debilitamiento del capital social, de los lazos de cohesión, y la descomposición de las identidades colectivas (PNUD, 1998; Dammert, 2005: 30).
Dicho análisis explica por qué lo que hemos hecho hasta ahora parece no solucionar el problema de que las personas se sientan -día a día- inseguras. Y es que hasta la fecha la respuesta ha sido fundamentalmente reactiva y punitiva, intentando responder al fenómeno de turno con una agenda de endurecimiento de la respuesta penal frente a esa situación específica. Esa respuesta, anclada en lo que se puede denominar, una doctrina de ley y orden (Morales, 2012: 103), simplifica un problema de una complejidad mayúscula, y ofrece una alternativa puramente punitiva: si hay temor, se debe incrementar el rigor punitivo, si ese temor disminuye, la estrategia fue exitosa, pero si dicho temor no disminuye, quiere decir que no se respondió con suficiente dureza, y que se debe aumentar aún más dicho rigor. Este intento de solución, como toda medida de extremo simplismo, es inocua para resolver el problema de la inseguridad, y genera otro sinfín de problemas a nivel de legitimidad del castigo, de derechos humanos, y de administración de recursos públicos.
Todo esto es coincidente con algunos estudios que vinculan la adopción de políticas sociales estatales, con un menor punitivismo, y con una reducción de los índices de delito y de temor ciudadano, lo que se explicaría por la universalidad de las prestaciones sociales, tendiendo a ser un sistema más inclusivo, existiendo una correlación directa entre el sistema económico adoptado, el modelo de Estado, y los índices de delincuencia, las tasas de encarcelamiento y de temor (Lappi-Seppala, 2008; Larrauri, 2009: 11).
Como ocurre con tantas otras áreas a nivel de diseño de políticas públicas, el problema de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana están estrechamente vinculadas con el diseño institucional del Estado en sentido amplio, con el acceso a prestaciones sociales y servicios públicos, con el diseño urbano, con la disminución de la desigualdad y con la cohesión de las identidades colectivas. Las soluciones que pretendan tener algún tipo de efectividad en mediano y largo plazo deben hacerse cargo de esos problemas estructurales.
Referencias:
- FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA (2021). “ÍNDICE DE PAZ CIUDADANA-ADIMARK 2021”. Disponible en:
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (2020). “Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2020)”. Disponible en:
- LAPPI-SEPPALA, Tapio. “Trust, Welfare and Political Economy. Explaining Differences in Penal Severity”, en Tonry, M (edit.) Crime and Justice: A Review of research, Vol. 37. Chicago: The University of Chicago Press (2008).
- LARRAURI, Elena. “La Economía Política del Castigo”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 11, N° 06 (2009), pp. 1 – 22.
- MORALES, Ana María. “La Política Criminal Contemporánea: Influencia en Chile del Discurso de la Ley y el Orden”, en Revista de Política Criminal, Vol 7, Nº 13 (2012), pp. 94 – 146.
- PNUD (1998). “Desarrollo humano en Chile, las paradojas de la modernización”. Santiago
