Claudia Candiani Vidal. Abogada litigante experta en derechos del consumidor.
En el ordenamiento jurídico chileno, a diferencia de otros, el deber de fundamentar las sentencias no se encuentra expresamente establecido a nivel constitucional, pero, no cabe duda, la obligación de motivar las sentencias constituye un imperativo que se desprende de los artículos 19 Nº3 y 76 de la Constitución Política.
El recordado profesor italiano Michele Taruffo ha señalado que la exigencia de motivación implica que “el juez tiene que racionalizar el fundamento de su decisión estructurando los argumentos en función de los cuales la misma pueda resultar justificada: la motivación es, por lo tanto, un discurso justificativo constituido por argumentos racionales”.
Sin embargo, el debido proceso no solo requiere cumplir con el deber formal de fundamentar las sentencias, sino además, que las mismas puedan ser comprendidas por el ciudadano, que conozca las razones por las que el tribunal acogió o rechazó sus argumentos y con ello su pretensión.
El Comité de Ministros de la Unión Europea se ha pronunciado hace algún tiempo en materia de independencia, eficiencia y responsabilidad de los jueces, destacando que las sentencias deben ser escritas en un lenguaje claro, de modo que pueda ser comprendido por el público, e invita a los Estados a tomar acciones en miras de tal propósito.
Desde la perspectiva del juez, la argumentación precisa facilita la reconstrucción de lo decidido y permite a los abogados preparar en forma adecuada sus pretensiones y defensas y hace posible el control de la opinión pública sobre las decisiones, favorece el conocimiento del funcionamiento del sistema judicial, contribuyendo además a la legitimación del sistema de justicia.
Esto es particularmente relevante en los tiempos actuales, en que las comunicaciones masivas especialmente a través de las redes sociales, favorece muchas veces la opinión desinformada y a veces interesada en el desprestigio de las instituciones republicanas, con lo que, decisiones que constituyen probablemente las más de las veces una debida aplicación de la norma jurídica, se ven afectadas por la impugnación infundada pero a veces socialmente eficaz, que deteriora la necesaria función de la justicia en el cuerpo social.
