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En Estrado.
Más de tres años han pasado desde que el exsenador Fulvio Rossi fue sobreseído definitivamente de las imputaciones que el Ministerio Público formuló en su contra y que lo mantuvo tres años vinculado a un proceso que afecto su vida personal y política.
El pasado lunes los abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz y Carola Cotroneo presentaron en representación de Rossi una demanda civil por los perjuicios provocados a raíz de la persecución penal sesgada de la que fue objeto. En total, el exparlamentario solicita que el Fisco (por la actuación del Ministerio Público), el Servicio de Impuestos Internos y el exfiscal regional de Valparaíso y expersecutor del caso SQM, Pablo Gómez, sean condenados a pagar una indemnización de $500 millones.
Junto con esto, Colombara, Díaz y Cotroneo también piden al tribunal que “a través del Presidente de la República u otra autoridad que se estime pertinente y cada uno de los demandados, debe pedir disculpas públicas al Sr. Rossi por la errada y negligente persecución penal de la cual fue víctima y de los consecuentes daños que éstos provocaron”. Agregan que también se decrete que “los demandados y/o sus funcionarios deben realizar cursos de capacitación sobre Derecho Penal y Derecho Procesal Penal o uno o unos similares que S.S. estime pertinentes, para reparar el mal causado a nuestro representado”.
Sobre esta acción judicial, Ciro Colombara señaló que “así como confiamos en su momento en la justicia, que terminó estableciendo la inocencia de Fulvio Rossi ante las acusaciones falsas del Ministerio Público, volvemos a confiar en la justicia para que ahora condene civilmente a los culpables de esa persecución penal sesgada, abusiva e injustificada”.
Visión de túnel
En el escrito, los abogados del exsenador explican que “fue una víctima de una sesgada, deficiente y negligente persecución penal por parte de los demandados, lo que significó una considerable merma de su reputación y consecuente afectación en su carrera política”
Explican que esto se tradujo que su formalización por delitos tributarios reiterados y posterior desafuero en año 2017, “fue consecuencia de la imputación de un delito grave que era inexistente y respecto del cual era y es inocente. De esta manera, el presente caso trata sobre una grave negligencia y actitud dolosa -o al menos culpable- de los demandados, que, en definitiva, provocó que nuestro representado fuese sometido injustamente a una criminalización política, pese a ser inocente de los delitos que se le imputaban y que los hechos delictivos no existían”.
También se explica que el sesgo del fiscal evidenció una “visión de túnel” para enfocarse “sesgadamente en la culpabilidad de nuestro representado, a pesar de la evidencia exculpatoria que existía. Así, por ejemplo, pese a que la Excma. Corte Suprema, en oportunidades distintas, rechazó el desafuero de nuestro representado y decretó el sobreseimiento definitivo de la causa criminal seguida en contra del Sr. Rossi, ordenando reiterativamente que se cesará la infundada persecución penal en su contra, los demandados no siguieron dicha orden”.
