En siete meses llegaron a 23.673 personas: informe del Servicio Jesuita a Migrantes revela que ingresos por pasos no habilitados llegaron a su máximo histórico en 2021

Sep 6, 2021 | Actualidad

Créditos Imagen : Municipalidad de Colchane

Andrés López Vergara, En Estrado.

En 2010, 415 migrantes ingresaron por pasos no habilitados (IPNH). Han pasado 11 años y las cifras sobre migración regular en la región y en el mundo no dan cuenta de la realidad, dado que se ha generado un explosivo aumento en más de una década.

Un informe elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) contiene cifras obtenidas a través de la Ley de Transparencia que revelan que en los primeros siete meses de 2021 entraron al país por pasos no habilitados un total de 13.673 personas. Por ejemplo, en 2015 lo hicieron 1.779, en 2019  la cifra llegó a 8.048 y en 2020 ingresaron 16.848.

Estos registros, construidos por el Área de Estudios del SJM, a partir de los datos proporcionados por la PDI a través de Transparencia, sólo consideran el registro de personas que se autodenuncian y las que son fiscalizadas (y denunciadas) por la institución. “Sin embargo, no dan cuenta del creciente número de personas que ingresan sin pasar por alguno de estos mecanismos y permanecen ‘invisibles’ para la institucionalidad y políticas del país, sin documentación. Esa cifra, que no ha podido ser sujeta a medición, aumenta de la mano del incremento en las medidas restrictivas con  expulsiones masivas e ilegales, como también por la falta de respuestas institucionales”, señala el comunicado.

De estos ingresos, los que mayor incremento registran desde el 2019 corresponden a las personas que vienen de Venezuela y Haití, ambos países con crisis políticas y sociales. En cuanto a las personas provenientes de Venezuela, en el 2018 se registraron 101 IPNH y en 2021 sólo hasta julio van 17.914, mientras que desde Haití se registraron 19 en 2018, llegando a 800 hasta el mes de julio.

“Desde la experiencia del SJM y organizaciones sociales que abordan la situación de personas migrantes en situación de altísima vulnerabilidad, podemos decir con seguridad que ellas y ellos no caminan cientos de kilómetros desde sus países de origen “por gusto”; muchos, hoy abandonados con sus familia en terminales, calles o plazas en varias de nuestras ciudades, arriesgaron sus vidas para obtener seguridad y/o sobrevivir aquí y hoy buscan reunirse con familiares o encontrar trabajos. Si no enfrentamos esta situación, de manera directa, articulando respuestas regionales y coordinadas que den cauce a esta demanda humanitaria y ocupando los instrumentos que poseemos para el ingreso regular, sólo empeorarán las condiciones de vulnerabilidad y contaremos más personas migrantes fallecidas en el camino”, señala Waleska Ureta, Directora Nacional de SJM.

Desde el SJM explican que las visas consulares implementadas desde 2018 hasta hoy, han tenido una baja tasa de aceptación en cuanto al total de solicitudes. Si bien esto se ha intensificado con el cierre de fronteras debido al Covid-19 era algo que se venía dando con anterioridad. Así, a junio 2020, si bien la Visa de Reunificación Familiar para personas haitianas presenta un 84% de aceptación, la Visa de Responsabilidad Democrática para venezolanos/as expone solo un 14% de aceptación. Las visas consulares de turismo para haitianos, presentan un 12% de otorgamiento en relación al total de solicitudes, y el que se comenzó a exigir desde junio 2019 a personas venezolanas muestra también un 12% de aceptación.

“A corto plazo, corresponde enfrentar la migración como un fenómeno que es permanente y de interés regional, utilizando las herramientas diplomáticas, para generar instancias de coordinación con las autoridades regionales y para compartir acciones conjuntas, de manera que se respeten los derechos humanos de todas las partes y se aborden las causas que están provocando la migración. Asimismo, es imperante que Chile adscriba al Pacto Mundial por una migración segura, ordenada y regular. Urge que nos hagamos cargo, como ya lo ha hecho Colombia, de una situación humanitaria que afecta a otros países y que provoca una migración forzada que debe ser entendida como tal. Por último, y frente a la escasa información pública para dar una solución a las consecuencias de la migración irregular, instamos a que el Gobierno convoque a los actores locales a establecer soluciones de corto, mediano y largo plazo para abordar las situaciones humanitarias que conlleva esta migración irregular”, sentenció Waleska Ureta.

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